La coordinadora de víctimas de Mocipar, Mirna Alfonso, declaró ante el tribunal que juzga el presunto esquema de estafa atribuido a directivos y representantes de la empresa, entre ellos el empresario y exministro del MUVH Dany Durand.
Durante su testimonio, relató las experiencias de clientes que aportaron durante años a planes de suscripción y cuestionó el funcionamiento de los contratos, la falta de devolución de aportes y las condiciones ofrecidas por la firma al término de los planes.
Al declarar ante el tribunal, Alfonso explicó que ingresó a un plan de la firma en el año 2011, convencida de que se trataba de un sistema de ahorro destinado a la adquisición de bienes. Señaló que pagó durante cinco años las 60 cuotas correspondientes, pero que, al finalizar el contrato, la empresa no devolvía el dinero aportado y ofrecía únicamente incorporarse a nuevos planes con cuotas más elevadas.
Según sostuvo, esa situación se repitió con numerosos clientes, lo que motivó la conformación de grupos de afectados junto con otras coordinadoras del interior del país. Indicó que lograron reunir unas 483 denuncias, que representarían un perjuicio económico superior al millón de dólares.
La testigo afirmó que las primeras denuncias fueron presentadas ante la entonces fiscal Stella Mary Cano y cuestionó que en aquella etapa no se haya desarrollado una investigación profunda sobre el funcionamiento de los contratos y el esquema comercial de la firma. Durante su relato, explicó que los afectados comenzaron a analizar los documentos suscritos con la empresa y detectaron, según dijo, cláusulas “engañosas y arbitrarias”.
También mencionó campañas publicitarias en las que aparecía Dany Durand promocionando los planes como una vía confiable para acceder a vehículos o electrodomésticos. Alfonso manifestó que, al concluir el pago de las cuotas, los clientes eran presionados para ingresar nuevamente a otros planes o aceptar vehículos usados con valores que, según afirmó, estaban muy por encima del precio de mercado. Añadió que algunas personas recibieron rodados sin títulos o con desperfectos mecánicos.
La coordinadora también relató que, cuando comenzó a denunciar públicamente el caso y organizar a los afectados, habría recibido amenazas e intimidaciones. Indicó que el abogado de la empresa, Diego Lanzac, incluso se presentó en su lugar de trabajo y le advirtió sobre posibles consecuencias laborales derivadas de sus publicaciones y denuncias públicas.
En otro tramo de su declaración, sostuvo que el esquema ya habría estado preparado para una eventual quiebra y mencionó presuntas transferencias de bienes entre empresas vinculadas a los responsables. Según afirmó, antes de las quiebras se habrían realizado operaciones de enajenación patrimonial que, a su criterio, deberían ser investigadas por las autoridades.
Asimismo, cuestionó que varias de las listas de supuestos ganadores promocionadas por la firma ya no estén disponibles públicamente y aseguró que muchas de las personas afectadas nunca lograron recuperar sus aportes pese al transcurso de los años.
La mujer afirmó que continúa colaborando con la investigación y se puso nuevamente a disposición del Ministerio Público y del tribunal para aportar documentación y datos recopilados desde el año 2011. Señaló además que el objetivo principal de los denunciantes es lograr la reparación económica para las víctimas.
En la parte final de su testimonio, Alfonso sostuvo que su vida cambió desde que comenzó a impulsar las denuncias y aseguró que actualmente toma medidas de seguridad por temor a represalias. Pese a ello, insistió en la necesidad de que el caso sea esclarecido y sirva como advertencia para evitar que otras personas sean captadas por esquemas similares.
