La abogada Cecilia Pérez, quien representa a Luciana Bernadette, una enfermera jubilada afectada por el esquema conocido como la “mafia de los pagarés”, denunció públicamente las irregularidades en el proceso judicial que enfrenta su defendida y pidió una intervención urgente del Fiscal General del Estado.
Durante una entrevista concedida a PDS Radio, Pérez explicó que este lunes se realizó una manifestación frente a la Fiscalía General en la que participaron personas afectadas por este esquema. En ese contexto, se solicitó la designación de un fiscal para la causa de Luciana Bernadette, cuyo expediente fue remitido de San Lorenzo a Asunción, generando incertidumbre jurisdiccional.
“El caso fue remitido porque se consideró que el lugar del hecho es la capital, pero los fiscales de acá sostienen que debe volver a San Lorenzo. Esta falta de definición perjudica directamente a la usuaria”, reclamó la abogada.
Pérez subrayó que el caso de Luciana Bernadette no es ajeno al esquema general de la mafia de los pagarés, sino que forma parte de una segunda línea de causas más complejas que ahora involucran juzgados de primera instancia. Explicó que la deuda en cuestión se originó en un acuerdo con la Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (AMUCLIN), donde las enfermeras retiraban productos básicos como parte de un sistema de consumo, sin firmar pagarés. Tras la quiebra de la mutual, los supuestos créditos fueron vendidos a terceros que iniciaron juicios ejecutivos en su contra, algunos utilizando instrumentos posiblemente falsificados o prescritos.
“El origen de la deuda es una libreta de almacén, no un pagaré, sin embargo, fue judicializada como si lo fuera”, explicó Pérez, señalando que la ejecución se inició con documentos dudosos, y que las notificaciones judiciales se enviaban al Hospital de Clínicas cuando la afectada ya estaba jubilada, lo que impidió que pudiera ejercer adecuadamente su defensa.
Además, denunció que el juez a cargo del caso, Diego Martín Acosta Conde, aún no resolvió un planteamiento presentado el pasado 7 de abril, mientras que a su clienta se le siguen realizando descuentos salariales, lo que agrava su situación económica. “Ya pasó un mes desde el planteamiento y no hay resolución, mientras tanto, los descuentos continúan”, lamentó.
Consultada sobre posibles soluciones estructurales, Pérez valoró positivamente el proyecto de ley presentado por el diputado Rodrigo Blanco, que propone la creación de un registro obligatorio de pagarés e instrumentos de crédito ejecutables, para evitar fraudes, ejecuciones múltiples y el uso de documentos prescritos. “Ese registro permitiría al juez detectar si un pagaré ya fue ejecutado o pagado, lo cual sería una herramienta fundamental”, sostuvo.
Finalmente, la abogada llamó a reforzar el control sobre los funcionarios judiciales y criticó que muchas irregularidades tienen origen en informes judiciales falsos o manipulados. “Podemos cambiar leyes, pero si seguimos teniendo funcionarios corruptos, van a encontrar la manera de burlar el sistema”, advirtió.
