El abogado Rodrigo González Planás refutó a su colega José Almada, representante de la Asociación del Espíritu Santo, con relación a que el denunciante asegura que su representada violó la de seguridad fronteriza del Paraguay, al ceder mediante una sentencia más de 300 mil hectáreas en la zona del Alto Paraguay a favor de una empresa extranjera constiruida en Chipre y las Islas Vírgenes.
Al respecto Gonzalez Planas manifestó que las empresas adjudicadas ni siquiera son de este Continente al ser de Chipre y Las Islas Virgenes, es decir no se cumple con la prohibición establecida en la ley que los propietarios sean ciudadanos brasileños, argentinos o bolivianos tal como lo prohibe la Ley 2532 de Seguridad Fronteriza.
“Ellos mismos alegan que son empresas de otro continente y dejan pasar que la ley se aplica para personas o empresas de países fronterizos. En un primer momento, la Asociación alegó que las empresas que compraron las tierras no tenían arraigo en el país, y la jueza Irún aceptó dicha cuestión, pero fue la Cámara de Apelaciones que resolvió a favor de las empresas off shore”, dijo González Planás.
El abogado dijo que hay un error de concepto, y que en un país serio se debe de impedir la continuidad de esta causa y que ya debería ser desestimada.
En el caso cuyo hecho pubible denunciado es el acceso indebido a sistemas informáticos que investiga la fiscala Silvana Otazú, que se abrió poraue supuestamente la jueza había firmado la mencionada resolución que trasfiere las 300.000 hectáreas de la Secta Moon a las empresas off shore cuando estaba con permiso de maternidad, el abogado González Planás explicó que los jueces también trabajan desde sus casas, ya que la propia Corte Suprema de Justicia, les habilitó una notebooks y ella inició la redacción dos meses y medio antes de dictar la sentencia.
“Nosotros presentamos la notebook ante la fiscalía, donde se encuentra cuando se empezó a redactar la resolución y cuando se cerró el trabajo”, dijo el abogado.
Para González Planás este tema no constituye delito alguno, más bien es una contravención o una cuestión administrativa.
