La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores recibió a los abogados que ejercen la defensa del expresidente y Senador vitalicio Mario Abdo Benítez, en razón del estudio de su desafuero por pedido de la Fiscalía.
A su turno, el abogado Enrique Kronawetter señaló ante el pleno que más allá de cualquier consideración que ya se adjetivó acerca de lo que fue la trama de la supuesta investigación llevada a cabo por el Fiscal Aldo Cantero y su colega Giovanni Grisetti, el abogado hizo mención de la intervención de la Juez Penal de Garantías Cynthia Lovera, ya que una cosa es el planteamiento del Ministerio Público, pero es otra muy distinta lo que debe hacer el órgano juzgador.
Afirmó que el juzgado ha violado su rol misional que establece claramente el art. 35 del Código Procesal Penal (CPP) en concordancia con el art. 42 del mismo cuerpo legal, donde dice que corresponde a los jueces penales de garantías el cumplimiento de los derechos procesales y en especial, velar porque esos derechos sean cumplidos. Explicó que la magistrada invocó el art. 328 del Código que establece en su inciso A que se procederá conforme al desafuero cuando se formule denuncia o querella privada contra un legislador, se practicará una información sumaria que no vulnere la inmunidad de aquél y que tenga por objeto realizar los actos de investigación sobre extremos cuya pérdida sea de temer o no reproducibles ulteriormente y los indispensables para fundar la comunicación a que se refiere el párrafo siguiente, el cual estipula que, si existiese mérito para formar causa y disponer su sometimiento o proceso, sin ordenar su captura, el juez penal lo comunicará, acompañando copia íntegra de las actuaciones producidas, a la Cámara respectiva, para que resuelva si hay lugar o no al desafuero para ser sometido a proceso.
Esto quiere decir que la Juez Penal de Garantías Cynthia Lovera debía solicitar al Fiscal interviniente los fundamentos en los cuales se basó para solicitar el desafuero del legislador vitalicio. En caso de no ser así se estaría violando una disposición constitucional, lo que ocurrió en este caso, según manifestaciones del abogado Kronawetter. El letrado explicó que la Juez recibió el acta de imputación, pero no puede someter a un proceso penal al exparlamentario teniendo en cuenta el artículo mencionado anteriormente, ya que la misma debía remitir los antecedentes al Senado una vez haya tenido a la vista los fundamentos del pedido de desafuero, sin embargo, ignoró el control que ella misma debía ejercer.
“Acá la pregunta es ¿Qué tipo de hecho se denunció? En 22 oportunidades se hace referencia a que se afectó el honor, la reputación y la dignidad de la víctima. Cuando alguien afecta el honor y la reputación se promueve una querella por delitos de acción privada, pero acá se hizo una denuncia, el que tenía que advertir de esta situación a la víctima (denunciante) es el abogado, porque esto se tenía que presentar directamente ante un Juez de Sentencia, no ante la Fiscalía” agregó Kronawetter.
El abogado hizo especial énfasis en la manera en la que la Juez Penal de Garantías Cynthia Lovera abordó esta situación que ni siquiera debía ser investigada por la Fiscalía y atendiendo a que la misma violó abiertamente disposiciones constitucionales, pisoteando su labor de velar por los derechos procesales de las personas.
