El presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Manuel Riera conversó sobre el posible juicio político a Sandra Quiñonez y dijo que según su entender, más que nada se trata de un escenario de elecciones político partidario que una destitución por mal desempeño en sus funciones, acotó que existen dos detonantes que trae a colación la opinión pública y que uno de ellos fue lo ocurrido en San Bernardino con todo el tema del narcotráfico, más lo acontecido con el ministro del Interior Aranaldo Giuzzio respecto a las denuncias presentadas ante la Seprelad y la Comisión Permanente del Congreso contra el expresidente Horacio Cartes.
Sobre el punto resaltó que todos los problemas referidos por Giuzzio, no son de la actualidad, sino que son de hace años y que todo lo que ocurre y el episodio que se dio en Samber es un hecho que se da casi a diario y para nada es un hecho aislado, por lo que si se usan esos hechos como equivalente al mal desempeño en funciones, en definitiva el mensaje es que «Sandra Quiñónez como Fiscal General no está haciendo un combate efectivo al narcotráfico, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito u otros hechos punibles».
Riera señaló que la solución no está en simplemente remover a Quiñónez del cargo, teniendo en cuenta que eso fue justamente lo que permitió su llegada al cargo, en el sentido de que exfiscal General Javier Díaz Verón salió de sus funciones por las mismas razones, y que la situación no ha variado en nada.
Por otro lado, expresó que la amenaza de juicio político a Sandra Quiñónez más bien tiene un vínculo con las próximas elecciones partidarias, pero que nadie habla de las verdaderas razones que podría ser motivo para una destitución.
Consultado sobre la imagen que tienen del Ministerio Público desde el gremio de abogados, expresó que durante el 2020 y 2021 los años pandémicos, la gran ausente fue la Fiscal General, «la vas a encontrar recibiendo condecoraciones, homenajes, reconocimientos», pero no la vas a encontrar guiando a sus agentes fiscales, Riera recordó en ese sentido las más de 3000 imputaciones que se dieron durante la pandemia, abriendo así una causa penal a personas libres en razón de una norma que no existía.
Destacó que finamente fue la propia Corte Suprema de Justicia la que definió la política criminal, bajando el problema y restándole apoyo a todas las imputaciones ilegales.
Agregó que la crítica institucional tiene otros problemas, no solo externo sino que también interno, atendiendo a que dentro de la propia institución existe un problema de comunicación y que con ello terminó la figura centralizada del Ministerio Público, y que esa sí sería una razón valedera para plantear un juicio político.
El próximo candidato a Fiscal General del Estado debe tener un liderazgo fuerte, ya que tendrá encima la gran responsabilidad levantar la imagen de una institución muy desprestigiada.
