Funcionarios del Poder Judicial se encuentran desesperados por la situación que están pasando con el seguro médico, que está siendo blanco de críticas por parte del funcionariado debido al aumento de la tarifa y al recorte de los servicios prestados, según declaró Bernardina Chaparro, de la Administración de la circunscripción del Dpto. Central. Indicó que solicitan que se vuelva al anterior contrato.
En comunicación con PDS Radio y TV Digital, la funcionaria judicial habló sobre el martirio que están pasando con el seguro médico brindado por la empresa ASSISMED, al cual se refirió como “seguro inseguro”, debido a los beneficios que fueron cercenados del seguro. La misma comentó que presentó una nota ante los ministros de la Corte, a modo de que se interioricen de la situación.
“Estamos preocupados, no buscamos culpables, lo que queremos es que se nos solucione esta situación, en este momento donde es tan sensible para nosotros y es demasiado importante porque el Poder Judicial en tiempos de pandemia nunca cerró sus puertas. Para nosotros es de vital importancia que nuestro seguro médico esté”, manifestó.
Seguidamente, puntualizó que el reclamo es que se vuelva al contrato anterior, que enmarcaba más beneficios y una mejor cobertura. Chaparro Aprovechó e hizo un pedido al presidente de la Corte César Diésel, a quien le solicitó designe a una persona encargada de conversar con los representantes de la empresa ASISSMED, de tal manera a llegar a un acuerdo.
Además, según manifiesta, los funcionarios del Poder Judicial se ven obligados a asistir a hospitales públicos, debido a que el seguro médico, por el cual abonan G. 800 mil en forma mensual, no cubre ciertos servicios. “Hoy día mis compañeros están yuendo a hospitales públicos para hacerse tratar de alguna dolencia, cuando nosotros tenemos un seguro que tranquilamente podría cubrirnos eso”, lamentó.
El seguro médico brindado por la empresa ASSISMED es muy criticado entre el funcionariado judicial, debido a que el costo del mismo es más elevado que el anterior, sin embargo, los servicios se redujeron drásticamente, según denuncian los propios beneficiarios.
