La Comunidad Jurídica del Alto Paraná (COMJURAP) manifestó públicamente su rechazo al fallo del Tribunal de Apelación Penal de Segunda Sala de la Capital que declaró la prescripción de la causa seguida contra el senador Hernán David Rivas Román, investigado por la presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
A través de un pronunciamiento institucional, el gremio de profesionales del derecho calificó la resolución como un uso de herramientas procesales que, a su criterio, impidió el análisis de fondo del caso, particularmente en lo relativo a la legalidad del título profesional que motivó la investigación.
En su comunicado, COMJURAP expresó preocupación por el impacto de la decisión en la credibilidad de las instituciones, al sostener que la aplicación de la prescripción en este contexto limita la posibilidad de esclarecer los hechos y debilita la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Asimismo, señalaron que la situación genera malestar en el ámbito académico y profesional, especialmente entre quienes acceden a la formación universitaria cumpliendo los requisitos legales.
El pronunciamiento también incluyó cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial en casos que involucran a figuras públicas, advirtiendo sobre la percepción de posibles desigualdades en el tratamiento de causas según la posición de los involucrados. En ese sentido, el gremio hizo referencia a la necesidad de resguardar la independencia de los operadores de justicia y evitar cualquier tipo de injerencia externa.
Otro de los puntos destacados fue la advertencia sobre eventuales efectos en la administración de justicia, al considerar que el uso de mecanismos procesales para cerrar causas sin un examen de fondo podría afectar la fe pública y la percepción de transparencia en el ejercicio de la profesión jurídica.
En el mismo documento, la organización instó al Ministerio Público a evaluar la interposición de los recursos correspondientes con el objetivo de evitar que la resolución quede firme. Asimismo, exhortó a la Corte Suprema de Justicia a ejercer su rol de contralor de la legalidad, revisando la decisión adoptada y garantizando, en su caso, que el proceso pueda continuar en instancias que permitan un debate amplio y público.
Además, plantearon la necesidad de que se analice la validez de la matrícula profesional del legislador, en atención a las dudas que motivaron la investigación penal, señalando que ello resulta relevante para preservar los estándares éticos y jurídicos del ejercicio de la abogacía.
