La secretaria del sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay, Porfiria Ocholasky, se desmarcó de las denuncias de funcionarios que la acusan de hacer lobby al criticado contrato médico para los funcionarios del Poder Judicial y refirió que, en representación del sindicato, está recorriendo las diferentes circunscripciones judiciales y que está recibiendo las denuncias. Considera que no es conveniente perder el seguro médico y que existen funcionarios a los cuales “no se les da el gusto”.
La secretaria refiere que el nuevo contrato sufrió recortes en cuanto a los servicios, desde el sindicato están recepcionando las denuncias y ya remitieron una nota escrita al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Diésel, con los puntos que exigen los funcionarios. “Nosotros nos reunimos con los directivos de ASSISMED el 15 de febrero, con el doctor René Genes, solicitando algunas modificaciones”, indicó.
Por otro lado, explicó que presentaron una queja a la CSJ para solicitar que se reúnan con la empresa ASSISMED, que es la que brinda el seguro médico que es muy criticado entre el funcionariado judicial, debido a que el costo del mismo es más elevado que el anterior, sin embargo, los servicios se redujeron drásticamente, según denuncian los propios beneficiarios.
“Yo estoy recorriendo como sindicalista las circunscripciones judiciales, en ese sentido encontramos modificaciones en CDE y en Saltos del Guairá. Todas esas notas y documentaciones presentamos ayer por mesa de entrada a la CSJ”, expresó la sindicalista. Agregó que como sindicato están verificando las denuncias y exigiendo a la Corte que verifiqué el contrato con la empresa.
Para Ocholasky, una ruptura del contrato del seguro médico no solucionaría el problema, sino que representaría una pérdida de dinero para los empleados judiciales, quienes abonan Gs. 800 mil de forma mensual. “La ley de presupuesto no nos permite, si perdemos este contrato, sea cual sea la empresa, no podremos recuperar ese 800 mil que se le está pagando a la empresa. Eso los compañeros tienen que saber”, explicó.
Asimismo, cree que el contrato, por el cual cada funcionario abonará unos Gs. 19.200.000 por los dos años de contrato, se debe mejorar y dijo que no está de acuerdo en “perder todo lo que tenemos ante la posibilidad de poder sentarnos y corregir eso”. La funcionaria exhorta a los funcionarios a realizar sus denuncias formalmente y agrega que la Corte puede revisar y ajustar el contrato. Además, manifestó que a varios funcionarios “no se le da el gusto”.
