La abogada y activista María Esthere Roa volvió a realizar un cuestionamiento al funcionamiento del sistema de justicia en Paraguay, al analizar las salidas procesales aplicadas en casos de corrupción y el comportamiento de los órganos encargados de perseguirla.
En una entrevista, Roa señaló que el Ministerio Público sigue abriendo investigaciones con imputaciones masivas que alcanzan a 30 o 40 personas, muchas de ellas de bajo rango, lo que, según su visión, obstruye el proceso penal y evidencia la ausencia de una política criminal efectiva para combatir la impunidad.
Afirmó que, ante este escenario, los juzgados de garantías especializados recurren a atajos procesales que pueden resultar útiles solo si se aplican de forma estrictamente selectiva. Para Roa, estos mecanismos deberían beneficiar exclusivamente a funcionarios o procesados con participación menor en los hechos investigados, pero no a los directivos y responsables principales de los esquemas de corrupción. Sin un análisis riguroso del contexto, advirtió, las salidas procesales benignas corren el riesgo de transformarse en herramientas para diluir responsabilidades.
Desde su rol de activista, Roa sostuvo que actualmente no existe voluntad del Ministerio Público ni del Poder Judicial para combatir la corrupción, lo que genera un vacío institucional que solo puede ser equilibrado mediante un rol protagónico de la ciudadanía. “No hay contrapeso. En democracia tiene que haber equilibrio de poderes, pero eso no existe porque hay captura de la justicia”, sentenció.
La abogada insistió en que la ciudadanía debe ejercer un control constante caso por caso; evaluar a quién beneficia un juez de garantías, cuál es su rol en los expedientes y qué implicancia tiene cada decisión. Solo así, manifestó, pueden formarse opiniones certeras sobre la verdadera operatividad del sistema penal.
Roa también denunció que los procesados suelen recurrir a chicanas para dilatar los procesos y que las sanciones recaen casi siempre sobre abogados de menor rango, mientras los representantes de élites políticas y económicas permanecen intocados.
Consultada sobre la aplicación de salidas procesales en casos de corrupción, sostuvo que esta herramienta debería emplearse únicamente para procesados con participación secundaria, mientras que los principales acusados deben ser llevados a juicio. Recordó que países como Perú o Chile regulan estos beneficios con criterios claros, como el monto del perjuicio o el grado de implicancia del funcionario. En Paraguay, lamentó, no existe ninguna normativa que sirva de guía para una política criminal seria y orientada a erradicar la corrupción.
Roa ejemplificó la situación con causas emblemáticas, como el caso de Hugo Javier, donde las imputaciones superan las treinta personas, lo que permite que los verdaderos responsables se oculten hasta alcanzar la prescripción.
