En el marco de la Reunión Anual del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (COPOLAD III), celebrada en el Estadio Nacional de Varsovia, el Defensor General del Ministerio de la Defensa Pública de Paraguay, Javier Dejesús Esquivel, destacó el compromiso del país con una justicia penal más justa, humana y con enfoque de derechos humanos.
Durante su intervención en el evento, que congrega a autoridades y expertos de ambas regiones bajo el lema “Un desafío común, una estrategia compartida”, Esquivel compartió una experiencia vivida durante una reciente inspección penitenciaria en Paraguay. Relató el caso de Rosa, una mujer humilde y monolingüe guaraní, detenida hace ocho meses sin entender las razones de su encarcelamiento, tras un operativo policial contra su inquilino acusado de tráfico de drogas.
“Rosa no sabe nada de sus hijos ¿Es una criminal o una víctima? Con la prisión no detenemos el narcotráfico ni el flujo de dinero”, cuestionó Esquivel, poniendo en evidencia los efectos colaterales de una política punitiva que castiga sin discriminar entre autores y víctimas colaterales de delitos complejos.
El Defensor General criticó que el sistema penal paraguayo impone penas severas sin considerar el género ni la condición socioeconómica de las personas procesadas, afectando especialmente a mujeres acusadas de microtráfico. Muchas de ellas cumplen prisión preventiva sin acceso a medidas alternativas. “La libertad sin oportunidades es otra forma de condena”, afirmó. Actualmente, la Defensa Pública brinda asistencia a 801 mujeres privadas de libertad, de las cuales 476 están involucradas en causas relacionadas con drogas, lo que representa un 54% del total.
En este contexto, Esquivel resaltó los avances institucionales logrados junto a COPOLAD, entre ellos la implementación de un protocolo de defensa especializada con enfoque de género para delitos menores vinculados a drogas y el lanzamiento de un curso de formación virtual para operadores del sistema de justicia, orientado a fortalecer una defensa más efectiva y con perspectiva de derechos. Asimismo, anunció que el Ministerio de la Defensa Pública se encuentra en la tercera fase del programa de monitoreo de personas privadas de libertad, ahora con una mirada de género y que participa activamente en la mesa técnica interinstitucional que estudia una reforma integral a la Ley 1340 sobre drogas, vigente desde 1988.
“A partir de nuestra experiencia con COPOLAD, promovemos reformas normativas que incluyan la perspectiva de género y condiciones de vulnerabilidad. No se puede hablar de justicia sin humanidad ni equidad”, concluyó el defensor general.
La delegación paraguaya también estuvo integrada por el embajador Enrique Franco, Esteban Caselli y Marta Molinas de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD). El encuentro de COPOLAD III busca consolidar estrategias conjuntas y sostenibles para enfrentar los desafíos de las políticas de drogas desde una perspectiva integral, respetuosa de los derechos humanos y basada en la cooperación internacional.
