Un Tribunal de Apelación Penal confirmó la elevación a juicio oral y público respecto al abogado Adrián Rolando Brizuela Olmedo, acusado como uno de los principales operadores en el esquema de lavado de dinero del brasileño Jarvis Chimenes Pavão. El mismo inicialmente prestó asistencia jurídica a Pavão y luego, según la hipótesis fiscal, se convirtió en uno de los principales operadores de la estructura de lavado de dinero.
La resolución del tribunal alzada se dio tras el estudio del recurso de apelación general presentado por la defensa técnica del letrado, quien cuestionó diversos puntos de la decisión del juez de garantías, entre ellos el rechazo de múltiples incidentes de nulidad, pedidos de exclusión probatoria, solicitudes de cambio de calificación jurídica y planteamientos relacionados con presuntas vulneraciones al derecho a la defensa.
En su análisis, la Cámara declaró formalmente su competencia para entender en el recurso y consideró que se encontraban cumplidos los requisitos procesales para su admisión. No obstante, tras examinar los agravios expuestos, concluyó que la resolución recurrida se encontraba debidamente fundada en los hechos y en las normas aplicables, sin advertirse vicios que ameriten su revocación.
Entre los puntos abordados, el tribunal rechazó el planteamiento de doble persecución penal invocado por la defensa, señalando que no se configuraban de manera concurrente las identidades exigidas por el principio de non bis in idem. Asimismo, desestimó los cuestionamientos relativos a la validez de la acusación del Ministerio Público y a la supuesta falta de traducción de determinados elementos probatorios, al considerar que las actuaciones reunían los requisitos legales y que las partes tuvieron acceso a las evidencias para su control.
La Cámara también confirmó el rechazo de los incidentes vinculados a la exclusión de documentos, informes técnicos, escrituras públicas y registros digitales, al entender que dichos elementos fueron correctamente admitidos como pruebas para su eventual valoración en el juicio oral y público.
En ese mismo sentido, avaló la decisión del juez de garantías de no devolver objetos incautados, como equipos informáticos y un arma de fuego, por estar incorporados como evidencia relevante para la etapa de debate.
Finalmente, el Tribunal resolvió confirmar la apertura a juicio oral y público, destacando que la audiencia preliminar no constituye una instancia de valoración probatoria, sino un control de legalidad y pertinencia.
En disidencia parcial, uno de los camaristas sostuvo que el recurso debía ser declarado inadmisible por tratarse de una resolución legalmente inapelable; sin embargo, la mayoría optó por analizar el fondo y ratificar lo resuelto.
