La Sala Penal, con los votos de Eugenio Jiménez Rolón y Luis María Benítez Riera, rechazó el hábeas corpus presentado por la defensa de Daniel Montenegro en el marco del caso Pavo Real I, por considerar que la garantía constitucional no está prevista para analizar fallos jurisdiccionales. El ministro Manuel Ramírez Candia votó en disidencia por considerar que la medida es ilegítima al haber superado el plazo máximo establecido.
La defensa del procesado, ejercida por la abogada Isabel Sanabria Cabañas, alegó que Montenegro se encuentra privado de libertad desde el 10 de julio de 2023, superando el límite máximo de dos años previsto en el artículo 236 del CPP, tercera alternativa.
El ministro Eugenio Jiménez Rolón, preopinante, puntualizó que los cuestionamientos tendientes a demostrar lo injustificado de la privación de libertad no pueden ser resueltos a través del hábeas corpus, pues estos recaen en la jurisdicción del juez propio de la causa y existen medios legales determinados en la legislación penal para recurrir.
Explicó que esta garantía constitucional está prevista para corregir arbitrariedades que afectan directamente a una persona y que no admiten dilaciones, por lo que no puede emplearse como vía revisora de fallos o decisiones que corresponden a órganos jurisdiccionales.
A su criterio, la medida cautelar que pesa sobre Montenegro Meneses no resulta ilegítima ni arbitraria al estar fundada en causas específicas establecidas en la ley y emanar de una orden escrita de autoridad competente, la cual solo es susceptible de cuestionamiento ante el órgano jurisdiccional pertinente. Votó así por el rechazo, postura a la que se adhirió el ministro Luis María Benítez Riera.
Por su parte, el ministro Manuel Ramírez Candia votó por hacer lugar a la garantía al considerar que la prisión preventiva se ha tornado ilegal. Sostuvo que, según el expediente, el procesado se encuentra recluido desde hace dos años y diez meses, por lo que ya superó el plazo máximo de reclusión de dos años fijado en la norma tercera alternativa del artículo 236 del Código Procesal Penal.
Daniel Montenegro, esposo de la fiscal Katia Uemura, es uno de los acusados en el caso conocido como Pavo Real I por supuestamente formar parte del esquema de lavado de dinero liderado por Jarvis Chimenes Pavão. Afrontará juicio oral y público por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal.
