El Ministerio Público presentó acusación contra Alexandre Gomes, hijo del exdiputado Lalo Gomes, en el marco de una causa por tráfico de drogas y lavado de dinero, señalándolo como parte de una estructura criminal con ramificaciones internacionales.
La investigación sostiene que el acusado habría tenido participación directa en el financiamiento, logística y comercialización de cargamentos de cocaína, así como en la utilización del sistema financiero para blanquear las ganancias ilícitas.
De acuerdo con la acusación, el esquema delictivo incluía el envío de cargamentos de sustancias ilícitas al exterior camuflados en contenedores, así como el movimiento de grandes sumas de dinero a través de empresas de fachada. La Fiscalía remarcó que la conducta de Alexandre se adecúa a lo previsto en la Ley 1340/88 y sus modificaciones, que sanciona severamente los delitos vinculados al narcotráfico.
El escrito de acusación sostiene que existen pruebas documentales, testificales y periciales que vinculan directamente al procesado con operaciones ilícitas que generaron millonarias ganancias. Asimismo, se enfatizó que la causa guarda relación con investigaciones internacionales que ya derivaron en incautaciones de droga en puertos europeos.
El Ministerio Público pidió la elevación a juicio oral y público, señalando que la gravedad del hecho, el modus operandi y la magnitud económica del esquema justifican una condena ejemplar. La defensa de Alexandre, por su parte, adelantó que insistirá en la nulidad de la acusación, alegando violaciones al debido proceso y la inexistencia de pruebas directas que lo incriminen.
La causa será analizada por el tribunal de sentencia, que deberá resolver si admite la acusación y fija fecha para el inicio del juicio oral.
Además de ello, los fiscales Andrés Arriola, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, solicitaron al juez Osmar Legal el sobreseimiento definitivo de los empresarios Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona, quienes fueron procesados el año pasado por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico, en el marco de la misma causa.
Los imputados habían sido vinculados a una operación inmobiliaria en la que Finexpar SAECA, entidad que posteriormente se convirtió en Zeta Banco, transfirió en mayo del 2020 la estancia Negla Poty, de 670 hectáreas en Amambay, al ciudadano Alexandre Rodrigues Gomes, hijo de Eulalio Gomes e integrante del entorno patrimonial del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão.
La transacción fue cuestionada porque Finexpar firmó el contrato privado de compraventa con Rodrigues antes de ser formalmente propietaria del inmueble, adquirido recién en julio del 2020 de la firma Cepagro SAECA, cuyos directivos están procesados en la causa “Pavo Real” por lavado de dinero. Estos antecedentes hicieron presumir que la operación formaba parte de un esquema de blanqueo patrimonial vinculado al narcotráfico.
Sin embargo, la investigación incorporó a lo largo de un año nuevas documentaciones, declaraciones testificales e informes técnicos que modificaron sustancialmente la hipótesis inicial. Funcionarios del área de cumplimiento de Zeta Banco señalaron que, antes de habilitar a Alexandre Rodrigues como cliente, se analizaron sus ingresos, declaraciones de renta, IVA, manifestaciones de hato ganadero y referencias comerciales y personales. Según el oficial de cumplimiento, “no se observó ninguna salvedad negativa y di mi visto bueno como cliente potencial para operar con la entidad”.
La defensa de John Gerald Mathías, por su parte, presentó una extracción del sistema interno “Solubank”, realizada en mayo del 2020 y certificada por escribana pública, para acreditar la trazabilidad del perfil transaccional de Rodrigues. Esta evidencia demostró que la operación cumplió con los procedimientos habituales para el alta de clientes en el sistema financiero, bajo las normativas del Banco Central vigentes en ese momento.
A su vez, la Fiscalía solicitó un informe técnico a la Dirección de Análisis de Información Estratégica (DAIE). En el dictamen se concluyó que la venta de la estancia Negla Poty “se realizó conforme a los parámetros comerciales y normativos” y que los manuales de prevención de lavado de Finexpar “cumplen con todas las normativas vigentes”. La dependencia resaltó además que la venta a plazo es una práctica usual en el ámbito bancario y que el análisis económico – financiero respetó las auditorías externas y disposiciones regulatorias.
Con estos elementos, el Ministerio Público reconoció que si bien se comprobó que la estancia Negla Poty provenía de una estructura criminal y fue incorporada al circuito financiero, no se acreditó que los directivos de Finexpar actuaran con dolo ni que tuvieran conocimiento de dicho origen ilícito al momento de la operación. Tampoco se pudo sostener la existencia de negligencia grave, pues la entidad reunió toda la documentación requerida por las normas de prevención vigentes.
“Si bien el bien inmueble tenía un trasfondo ilícito, las verificaciones realizadas en 2020 no arrojaron alertas ni medidas cautelares que permitieran presumirlo. Recién posteriormente se
En consecuencia y conforme al art. 359 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público considera agotadas todas las vías de investigación y solicita el sobreseimiento definitivo de Zubizarreta y Mathías, por no reunirse los presupuestos de responsabilidad penal.
