El juez Osmar Legal autorizó la extracción de datos de equipos incautados en la casa de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado «Lalo» Gomes y de la empresa Paraguay Autopartes, ligada al fallecido legislador. La resolución fue emitida por el Juzgado en respuesta a un pedido del Ministerio Público en el marco de la causa Pavo Real II.
El caso, identificado como “Eulalio Gomes y otros s/Ley 1881/2002 que modifica Ley 1340”, ha llevado a la incautación de dispositivos clave para la investigación. Entre ellos, dos CPU obtenidos en la empresa “Paraguay Autopartes” y un DVR de la marca Hikvision hallado oculto en el cielo raso de la planta baja de la vivienda de Alexandre Gomes. También se incautó un dispositivo USB de color blanco con la inscripción “RAPOO”.
Los agentes del Ministerio Público Andrés Arriola, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres solicitarón la autorización judicial para acceder a la información contenida en estos equipos con el fin de esclarecer los hechos investigados.
Según la resolución, se procederá a extraer y analizar correos electrónicos, programas, mensajes, archivos de agenda, imágenes, videos y cualquier otro dato relevante de las computadoras. En cuanto al DVR, se buscarán y extraerán filmaciones completas, imágenes vinculadas a la presunta comercialización de drogas, tenencia de armas de fuego e intercambios de dinero, así como la identificación de personas y descripción de actividades registradas en el circuito cerrado de videovigilancia. Además, se realizará un mejoramiento y ampliación de las imágenes con el objetivo de detallar posibles pruebas.
La pericia será llevada a cabo por los expertos Jorge Riquelme y Jorge Enrique Lugo Giménez, designados por el Laboratorio Forense del Ministerio Público. Ambos peritos deberán comparecer ante el juzgado el próximo 09 de abril para prestar juramento.
La resolución se fundamenta en el art. 36 de la Constitución Nacional, que protege la inviolabilidad de la comunicación privada y en disposiciones del Código Procesal Penal (CPP) sobre la intervención de comunicaciones y la realización de pericias en investigaciones criminales. Se garantiza que toda la información no relacionada con el caso será tratada con reserva estricta. Las defensas de los procesados han sido intimidadas a designar peritos y definir puntos de pericia en un plazo de 72 horas. En caso de no hacerlo, la diligencia será llevada a cabo exclusivamente por los especialistas designados por la Fiscalía.
La investigación sigue en curso y se espera que la información extraída de los dispositivos aporte datos clave para el desarrollo del caso.
