El Tribunal de Sentencia fijó para el 03 de junio el inicio del juicio oral y público para Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio «Lalo» Gomes, en el marco del proceso por la presunta comisión de los hechos punibles de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero, derivado del Operativo Pavo Real II.
Según la acusación fiscal, Alexandre Rodrigues Gomes habría tenido participación tanto en actividades de tráfico internacional de sustancias estupefacientes como en operaciones de lavado de activos vinculadas a organizaciones criminales de alcance transnacional. Los hechos se enmarcan en un periodo comprendido entre los años 2019 y 2021, con presuntos vínculos operativos en Paraguay, Bolivia, Brasil y Europa.
El Ministerio Público sostiene que Rodrigues Gomes habría ejercido un papel de liderazgo dentro de una estructura criminal que operaba principalmente en el Departamento de Amambay. Según la imputación, la organización coordinaba la adquisición de cocaína y pasta base en Bolivia, su ingreso a territorio paraguayo mediante aeronaves que aterrizaban en pistas clandestinas, y su posterior envío a Brasil y otros destinos internacionales.
Las conversaciones atribuidas al acusado en SKY ECC se refieren, según el expediente, a coordinación de vuelos, asignación de pistas, disposición de medios logísticos, provisión de combustible, manejo de frecuencias aeronáuticas y confirmación de operaciones mediante códigos preestablecidos.
La Fiscalía también señala a Rodrigues Gomes como presunto financista de operaciones ilícitas, realizando transacciones a través de casas de cambio y el uso de mecanismos conocidos como “tokens”, supuestamente empleados para movilizar grandes sumas de dinero fuera del sistema financiero formal. Asimismo, se le atribuye haber intermediado con grupos criminales dedicados al tráfico a gran escala.
La acusación lo vincula con la presunta adquisición irregular de propiedades rurales, entre ellas el establecimiento denominado “Estancia Negla Poty”, así como operaciones realizadas a través de empresas y personas relacionadas a organizaciones criminales dedicadas al lavado de dinero. También se mencionan presuntos vínculos con operadores financieros y empresas que habrían reintegrado capital ilícito al circuito comercial.
