El Juez Osmar Legal ratificó la prisión preventiva de Óscar Daniel Cabreira Pinazo, imputado por presunto lavado de dinero producto del narcotráfico, en la misma causa que Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del exdiputado Eulalio Gomes.
La defensa técnica, liderada por el abogado Richard David Nara Ramírez, solicitó el cambio de la medida cautelar a arresto domiciliario, amparándose en los principios de excepcionalidad de la prisión preventiva establecidos en la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal. Argumentó que Cabreira Pinazo no representa un peligro de fuga ni de obstrucción, basándose en su arraigo en el país, sus vínculos familiares y su colaboración activa con el Ministerio Público.
El abogado defensor presentó una caución real significativa, consistente en inmuebles con un valor tasado en más de USD. 1.000.000, propiedad de amigos y colaboradores del imputado. Además, destacó la situación humanitaria del caso, señalando que el padre del imputado, un paciente oncológico, depende del apoyo emocional y físico de su hijo. La defensa calificó la prisión preventiva como una pena anticipada y desproporcionada, incompatible con los principios constitucionales.
A pesar de los extensos argumentos presentados por la defensa, el Juez determinó que los presupuestos legales para mantener la prisión preventiva siguen vigentes. Según la magistratura, el caso de Cabreira Pinazo involucra hechos punibles pluriofensivos de extrema gravedad, relacionados con un esquema de lavado de activos presuntamente al servicio de organizaciones criminales.
El magistrado subrayó que aún persiste el riesgo de fuga y de obstrucción al proceso judicial, dadas las circunstancias del caso y la complejidad de las investigaciones. El Juez rechazó las fianzas ofrecidas y consideró que no se han presentado elementos nuevos que justifiquen una revisión favorable de la medida cautelar inicial.
Cabreira Pinazo está acusado de participar en un esquema financiero que buscaba ocultar el origen ilícito de bienes, específicamente a través de transacciones vinculadas a la estancia Pindurá. Según la acusación, estas operaciones estarían relacionadas con el tráfico de sustancias ilícitas y el crimen organizado, lo que convierte al caso en un asunto prioritario para las autoridades judiciales.
El Ministerio Público argumenta que el imputado actuó como testaferro en operaciones diseñadas para ocultar la identidad de los verdaderos propietarios de los inmuebles, complicando las tareas de investigación y rastreo de activos provenientes de actividades ilícitas.
