El juez penal de garantías, Osmar Legal, resolvió decretar la inhibición general de enajenar y gravar bienes, así como el bloqueo de cuentas financieras a nombre de Thiago Alessandro de Oliveira Dávalos Brites, en el marco de una causa vinculada al presunto tráfico internacional de drogas.
La medida fue dispuesta mediante el A.I. N° 94, del 20 de marzo del 2026, tras un requerimiento presentado por el agente fiscal Andrés Arriola, quien solicitó la aplicación de medidas cautelares reales para asegurar bienes que podrían estar vinculados a actividades ilícitas.
Según los antecedentes del caso, el imputado fue detenido el viernes último durante un allanamiento realizado en la ciudad de Luque. La investigación lo vincula con una estructura dedicada al tráfico internacional de sustancias estupefacientes, en la que también aparece como supuesto integrante Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio «Lalo» Gomes.
De acuerdo con la imputación, el procesado habría participado en operaciones de tráfico de cocaína entre los años 2020 y 2021, periodo en el cual se habrían recibido aproximadamente 1.342 panes de la sustancia a través de vuelos clandestinos provenientes de Bolivia, con aterrizajes en pistas ubicadas en el departamento de Concepción.
El Ministerio Público sostiene que el imputado habría desempeñado un rol relevante dentro de la organización, actuando como enlace con proveedores en Bolivia y participando en la planificación, financiamiento y ejecución de las operaciones ilícitas. Asimismo, se le atribuye intervención en la logística de vuelos clandestinos, incluyendo la coordinación de aterrizajes y comunicaciones con otros miembros del grupo.
La investigación también refiere que el encausado habría integrado canales cerrados de comunicación utilizados para coordinar actividades ilícitas, además de participar en la gestión de contingencias, como el manejo de situaciones vinculadas a aeronaves utilizadas en el transporte de drogas.
En ese contexto, el juzgado consideró que existen elementos suficientes que sustentan la verosimilitud del derecho invocado por el Ministerio Público, así como el riesgo de que los bienes eventualmente vinculados a las actividades investigadas puedan ser ocultados, transferidos o disimulados, lo que justificaría la adopción de medidas cautelares.
En consecuencia, el magistrado ordenó la inhibición general para disponer de bienes muebles e inmuebles del imputado, así como el bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorro y otros productos financieros en bancos, financieras y cooperativas de todo el país. Además, dispuso la comunicación de la medida a los registros públicos, al sistema financiero y a las autoridades competentes.
La resolución se enmarca en la causa en la que se investigan presuntos hechos de tráfico internacional de drogas, asociación criminal y otras conductas vinculadas al crimen organizado, que involucraba al exparlamentario y a su hijo. El proceso se encuentra en etapa inicial, por lo que rige el principio de presunción de inocencia respecto de las personas involucradas.
