El Juez Osmar Legal rechazó la solicitud de pedir informes a Europol, a la Fiscalía y a la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, sobre el marco normativo, los procedimientos técnicos y jurídicos para la incorporación de los datos de la plataforma SKY ECC, utilizados en la nueva imputación contra Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio Gomes.
El pedido fue hecho por el abogado Óscar Tuma, a fin de realizar un control de la legalidad de la obtención de las pruebas. Legal argumentó que, a estas alturas del proceso, no se puede intentar evaluar la legalidad de las “pruebas” presentadas por el Ministerio Publico, ya que estas constituyen «elementos de sospecha» que sirvieron de base para la imputación.
La defensa argumentó que los datos deben cumplir con los estándares establecidos en la Convención de Budapest sobre Ciberdelincuencia, ratificada por Paraguay mediante la Ley 5994/17. Además, subrayaron la necesidad de verificar la cadena de custodia, las autorizaciones judiciales correspondientes y el respeto por los derechos fundamentales durante la recolección y transferencia de los datos.
Sin embargo, el Juzgado concluyó que esta evaluación no es procedente en esta etapa del proceso, argumentando que los datos aportados por Europol constituyen, hasta el momento, elementos de sospecha que justifican la imputación, pero no pruebas concluyentes. Según la resolución, el análisis sobre la validez de las pruebas se realizará durante la audiencia preliminar o el juicio oral y público.
El Ministerio Público, en su respuesta, destacó que cualquier solicitud de informes a Europol debe canalizarse a través de los mecanismos de cooperación internacional y no mediante una simple solicitud judicial. Además, afirmó que las pruebas aún no han sido formalmente introducidas, por lo que es prematuro un control de legalidad.
Este caso pone de relieve la complejidad jurídica que rodea el uso de pruebas digitales obtenidas en operaciones internacionales, especialmente cuando involucran plataformas tecnológicas y cooperación transnacional. La defensa aún tiene la opción de apelar esta decisión o plantear la cuestión en etapas posteriores del proceso.
