En un acto considerado cuanto menos temerario con tendencia a doloso, el Banco Continental inscribió una finca en fondo de fideicomiso pese a existir una expresa observación de la Dirección General de los Registros Públicos. En dicha constancia se expone la existencia de una causa penal sobre graves hechos que involucraría a una rosca judicial, en el que fueron imputados abogados y funcionarios públicos.
La causa penal de referencia es el famoso caso de desalojo de una valiosa propiedad de la familia Sopena en Luque, en el cual se investiga los hechos punibles de asociación criminal, producción de documentos no auténticos, producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso y en la que fueron imputados una abogada, tres actuarias judiciales, una exfuncionaria de la Justicia Electoral y un oficial de justicia.
La entidad bancaria a sabiendas de la existencia de una causa penal grave, inscribió un fideicomiso inmobiliario sobre la finca en cuestión, pese a existir sospecha fundada de que los títulos eran falsos y que la operación fue realizada por una asociación criminal.
