La Procuraduría General de la República, en representación del INTN, acusó ante el JEM y solicitó la remoción de los camaristas de Alto Paraná, Efrén Giménez, Raúl Insaurralde y Marta Acosta, quienes revocaron la orden de captura del abogado Walter Acosta.
En el escrito presentado ayer por el titular Marco Aurelio González, se solicita también que se libre oficio a la Corte Suprema de Justicia para que disponga la suspensión de los mismos.
La acusación refiere qué, más allá del error jurídico, la actuación de los camaristas en este caso configura un claro supuesto mal desempeño de funciones, dado que la resolución adoptada no solo resulta contraria al Código Procesal Penal.
También afecta el derecho de la víctima a obtener justicia, dado que el imputado, pese a existir evidencia contundente de su agresión a una funcionaria pública, logró evadir su captura y mantenerse al margen del proceso penal gracias a una decisión judicial irregular.
“El impacto de esta resolución va más allá del caso puntual, ya que si se permite que un imputado en estado de rebeldía obtenga el levantamiento de medidas sin comparecer, se estaría consolidando un sistema donde eludir la justicia se convierte en una estrategia viable para evitar el proceso penal”, apunta.
