La abogada Cecilia Pérez, representante legal de Luciana Bernadette, una de las víctimas del esquema conocido como la “mafia de los pagarés”, expuso una serie de irregularidades que, según sostuvo, evidencian la existencia de una estructura organizada que opera en distintos niveles del sistema judicial.
Sus declaraciones se dieron en el marco del seguimiento a los pedidos reiterados de auditoría de gestión elevados a la Corte Suprema de Justicia, tanto por la Comisión especial como por el Ministerio Público.
Pérez señaló que ya se trata del tercer requerimiento formal para que se audite la gestión de los expedientes civiles vinculados al caso, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades administrativas o penales de funcionarios judiciales. Indicó que, incluso, una de las abogadas que interviene en el proceso civil se encuentra imputada penalmente en una causa similar, además de enfrentar una acusación previa relacionada con hechos ocurridos en un juzgado de paz del distrito de la Encarnación.
De acuerdo con la letrada, existen múltiples denuncias que siguen un mismo patrón: una docente del sector público habría adquirido numerosas deudas de una mutual ya quebrada y promovido alrededor de veinte demandas contra distintas personas, principalmente enfermeras jubiladas. Pérez afirmó que estos procesos no se limitan a juzgados de paz, sino que también involucran a juzgados de justicia letrada que actualmente actúan como juzgados de primera instancia.
Otro aspecto relevante mencionado es la intervención de un oficial de justicia que sería cónyuge de la demandante, quien, si bien no actúa como abogado en los expedientes, ya se encuentra suspendido de manera provisoria como consecuencia de auditorías realizadas en otros juzgados. Para la representante legal, la reiteración de los mismos actores y esquemas en distintos fueros refuerza la necesidad de una investigación integral.
La abogada también explicó que, en el caso específico de su clienta, existiría un recibo que acreditaría el pago y cancelación de la deuda, confirmado por la propia abogada demandante, lo que posteriormente habría derivado en una nueva acción judicial por el mismo concepto. Este hecho sustenta, según indicó, la imputación por estafa que actualmente se encuentra en proceso penal.
Finalmente, Pérez manifestó su preocupación por los plazos de la investigación fiscal y por la eventual incorporación de nuevos responsables que podrían surgir a partir de la auditoría solicitada a la Corte.
Insistió en la aplicación de una acordada que obliga a los jueces a remitir antecedentes al Consejo de Superintendencia cuando los imputados son auxiliares de justicia y subrayó la importancia de esclarecer el origen de los fondos utilizados para la compra masiva de deudas, en un contexto que calificó como clave para la transparencia y la credibilidad del sistema judicial.
