Piden investigar como homicidio el fallecimiento de sonidista tras atención en el IPS

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Instituto de Previsión Social

El fallecimiento de Braulio Antonio Vázquez Giménez, sonidista de canales de televisión, motivó la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público por parte de su hermano, Jaime Alexis Vázquez, bajo patrocinio del abogado Guillermo Duarte Cacavelos. La acción solicita investigar un supuesto caso de homicidio culposo vinculado a la atención recibida en el Instituto de Previsión Social (IPS).

De acuerdo con el escrito, la denuncia fue formulada contra personas a ser individualizadas durante la investigación, por presuntas responsabilidades en la atención médica brindada en la Clínica Ingavi y posteriormente en el Hospital Central del IPS, entre el 26 y el 28 de enero del corriente año.

Según la presentación, Vázquez acudió por sus propios medios a la Clínica Ingavi tras experimentar un fuerte dolor en el pecho. El ingreso administrativo se registró alrededor del mediodía, donde fue clasificado con un “código verde”, categoría que corresponde a casos de baja urgencia. Sin embargo, la familia sostiene que el cuadro era compatible con una afección cardíaca grave.

El documento señala que la atención médica inicial se produjo aproximadamente una hora y cuarenta minutos después del ingreso. Durante ese lapso y, según el relato, no se habrían realizado estudios diagnósticos oportunos debido a la falta de funcionamiento de equipos, como el electrocardiógrafo.

Posteriormente, tras la realización tardía de un electrocardiograma, se diagnosticó un infarto agudo de miocardio. A partir de ese momento, se indicó el traslado del paciente al Hospital Central del IPS para la realización de un cateterismo, procedimiento que, según la denuncia, se vio demorado por diversos factores. La denuncia describe una serie de dificultades durante el proceso de atención, incluyendo demoras en el traslado, falta de ambulancias, fallas en equipos médicos y ausencia de insumos necesarios para la intervención.

En el Hospital Central, los familiares habrían sido informados de que debían adquirir por su cuenta los insumos para el procedimiento. A pesar de ello, el cateterismo no se habría realizado en el tiempo previsto debido a fallas en el equipo de hemodinamia, lo que ocasionó nuevas postergaciones. El informe de la Superintendencia de Salud, citado en la denuncia, identifica “intervalos temporales relevantes” en la atención, así como deficiencias en la coordinación de servicios, disponibilidad de equipamiento crítico y gestión administrativa.

Otro de los puntos señalados es la imposibilidad de trasladar al paciente a otro centro asistencial con mayor capacidad resolutiva, pese a los pedidos de la familia. Según el relato, esto no se concretó por razones administrativas.

Asimismo, se cuestionan las condiciones de internación, incluyendo la asignación de una habitación que, según los denunciantes, no reunía condiciones adecuadas y la falta de monitoreo constante en un cuadro considerado de alto riesgo. El procedimiento de cateterismo finalmente se realizó el 28 de enero en horas de la tarde. Sin embargo, poco después, se produjo el fallecimiento del paciente. La familia sostiene que no recibió información oficial inmediata sobre lo ocurrido.

La denuncia concluye que las demoras en la atención, las fallas técnicas, la falta de insumos y la ausencia de decisiones oportunas habrían disminuido significativamente las probabilidades de supervivencia del paciente.

Entre las medidas requeridas al Ministerio Público se encuentran: el allanamiento a dependencias del IPS para incautar y resguardar la historia clínica y documentación relacionada. La realización de una necropsia para determinar la causa de muerte y la eventual presencia de sustancias vinculadas al tratamiento, la toma de declaraciones testificales a familiares y personal interviniente a más de informes detallados sobre el funcionamiento de equipos médicos, disponibilidad de insumos y protocolos aplicados durante la atención.

El caso queda ahora sujeto a la evaluación del Ministerio Público, que deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación penal y establecer eventuales responsabilidades.