La fiscal de Delitos Económicos Irma Llano solicitó el sobreseimiento definitivo de Karina Acosta de Parra, esposa del tarotista Diego Parra, al concluir que no existen elementos de convicción suficientes para sostener una acusación en su contra en el proceso que investiga un presunto esquema de estafa mediante sistemas informáticos y lavado de activos. El juez Humberto Otazú dispuso la reapertura de la causa y convocó a audiencia preliminar para el 13 de agosto de 2026, a las 10:30.
El Ministerio Público presentó un requerimiento de reapertura y, simultáneamente, un nuevo requerimiento conclusivo solicitando el sobreseimiento definitivo de Acosta de Parra. La mujer había sido beneficiada anteriormente con un sobreseimiento provisional, dispuesto por el mismo juzgado mediante, a pedido de la fiscal Lorena Ledesma. Al tratarse de un delito, el artículo 362 del Código Procesal Penal permite la reapertura de la investigación dentro del plazo de un año cuando surjan nuevos elementos o cuando el Ministerio Público deba presentar un nuevo requerimiento conclusivo.
En ese contexto, el juez Humberto Otazú hizo lugar a la reapertura del proceso respecto a los hechos por los cuales la mujer fue procesada, estafa mediante sistemas informáticos, como presunta coautora, y lavado de activos, como presunta autora. Sin embargo, al mismo tiempo tuvo por recibido el requerimiento fiscal de sobreseimiento definitivo, que será estudiado en la audiencia preliminar.
De acuerdo con la postura de la fiscal Irma Llano, la investigación ya no cuenta con elementos suficientes que permitan sostener una acusación contra la esposa del tarotista, por lo que corresponde el cierre definitivo del proceso en su favor.
Antecedentes
La causa se originó a partir de una investigación por un supuesto esquema delictivo que habría obtenido beneficios patrimoniales indebidos mediante la utilización irregular de una tarjeta de crédito.
En este proceso, el tarotista Diego Parra y la asistente de créditos Milca Elizabeth López González fueron acusados por el Ministerio Público de haber ejecutado 610 operaciones irregulares entre el 18 de octubre de 2022 y el 24 de febrero de 2024, por un monto total de G. 1.774.042.269, utilizando la tarjeta de crédito administrada por López.
La acusación sostiene además que ambos habrían realizado 54 operaciones fraudulentas adicionales, por un valor de G. 1.212.400.000, que fueron simuladas como operaciones de cobro por ventas o prestación de servicios para aparentar que guardaban relación con las actividades comerciales desarrolladas por Diego Parra.
Según la teoría del Ministerio Público, esas transacciones habrían servido para ocultar el verdadero origen de los fondos obtenidos mediante el uso indebido de la tarjeta de crédito.
