Por error de la Fiscalía se cierra caso Chovoreca sin repercusión por tragedia ambiental

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Tragedia ambiental ocurrida en el Cerro Chovoreca

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación presentado por el fiscal Gabriel Rolón, lo que dejó firme el sobreseimiento definitivo de Hugo Miguel Zelada Jara, único imputado por el incendio que afectó la Reserva Chovoreca en septiembre del 2024.

El máximo tribunal concluyó que el planteamiento fiscal fue presentado fuera del plazo legal. Según el análisis de la Sala Penal, la notificación de la resolución recurrida se practicó el 04 de septiembre del 2025 y el plazo para recurrir vencía el 18 de ese mes; sin embargo, el recurso fue interpuesto el día 19, configurándose así una presentación extemporánea que impidió su estudio de fondo.

La decisión de la Corte consolidó el sobreseimiento definitivo dictado en instancias anteriores y puso fin al proceso penal, sin que se revisaran los argumentos de la acusación debido al incumplimiento de los requisitos formales del recurso.

El caso había cobrado relevancia por el impacto ambiental del incendio en la zona de Chovoreca, en el Chaco paraguayo. En un informe elaborado en el marco de la Acordada 1344, el director de la Dirección de Medioambiente del Poder Judicial, Gerardo Morales, señaló debilidades en la actuación investigativa del Ministerio Público.

De acuerdo con el dictamen, la causa, iniciada en la Circunscripción Judicial de Alto Paraguay tras el siniestro que afectó unas 100 hectáreas en la zona de Aguadulce, avanzó con escaso impulso procesal. El reporte indica que no se realizaron a tiempo verificaciones técnicas en el lugar con especialistas, ni se solicitaron prórrogas para profundizar la pesquisa.

El análisis también menciona la ausencia de pericias ambientales destinadas a dimensionar el daño ecológico y la falta de recolección oportuna de testimonios clave.

Con la inadmisibilidad del recurso por extemporáneo y las observaciones sobre la investigación, el caso concluye sin condenas, en un escenario que expone cuestionamientos sobre la gestión procesal del Ministerio Público en una causas de alto impacto ambiental.