El juez Rodrigo Estigarribia nuevamente fue recusado y por ende se suspenderá la audiencia preliminar de la exintendente de Valenzuela Mirtha Fernández y de otros acusados por un presunto perjuicio de Gs. 1.199 millones, en el marco de una causa que investiga un desvío de fondos a través del pago por obras fantasma.
Al respecto, el Fiscal Néstor Coronel afirmó que los sucesivos aplazamientos del proceso responden a maniobras dilatorias por parte de las defensas en este proceso.
“No hace falta ser muy prudente en la materia para notar que esto no tiene ningún asidero”, afirmó Coronel, refiriéndose a los motivos invocados para justificar la suspensión. Si bien admitió no poder descartar totalmente problemas médicos de la acusada, señaló que las formas en que se presentan las excusas “dejan dudas acerca de la veracidad de las circunstancias”. En esa línea, calificó lo ocurrido como una estrategia “meramente dilatoria” con el fin de evitar el avance del proceso judicial.
Coronel recordó que la acusación fue presentada en marzo del año 2023 y que desde entonces la audiencia preliminar fue suspendida en al menos ocho ocasiones. “El Ministerio Público pretende ya continuar con esto. No se puede seguir permitiendo que este tipo de acusaciones con fundamentos razonables se dilaten sin sanción”, manifestó.
Consultado sobre la recusación del juez de la causa, el fiscal explicó que no existe ninguna sanción contra abogados ni fundamento válido para la presentación de nuevos defensores que, en su criterio, también forman parte de la estrategia para frenar el proceso. “La presentación de un nuevo abogado no tiene ningún fundamento, como dije al inicio de esta conversación”, reiteró.
En cuanto a los antecedentes del caso, Coronel detalló que la acusación gira en torno a obras que supuestamente se realizaron con recursos públicos, pero que en realidad no se ejecutaron. “Se habla de proyectos de alquiler y con la Comisión de Inversión de Aportes (CIA), pero nunca se llevaron a cabo en las fechas alegadas”, dijo.
Por último, el fiscal indicó que, conforme a fallos de la Corte Suprema de Justicia, tanto los Juzgados de Garantías como las Cámaras de Apelación tienen facultades para aplicar sanciones en estos casos. “El juzgado tiene el imperio suficiente como para aplicar esa sanción. Presumo que así va a ser”, concluyó.
