El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió postergar el estudio de la causa seguida contra el fiscal Carlos Ramírez, investigado por sus presuntas actuaciones irregulares en expedientes relacionados con la muerte de una niña de 12 años en el distrito de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá.
La decisión fue adoptada por unanimidad de los miembros presentes debido a que no se contaba con la cantidad de votos exigida por la ley para analizar el eventual ejercicio de la facultad oficiosa del órgano.
Durante la sesión, el secretario informó que, conforme al criterio ya aplicado por el Jurado en este tipo de causas, se requieren seis votos para estudiar la utilización de la oficiosidad que la legislación otorga al JEM. En consecuencia, sugirió la postergación del expediente para una próxima sesión en la que exista el quórum necesario.
Tras el informe, el ministro Manuel Ramírez Candia manifestó su conformidad con la propuesta y señaló que correspondía acceder a lo solicitado por la Secretaría.
Por su parte, el ministro César Garay sostuvo que la exigencia responde a una cuestión de orden público vinculada a la estructura jurídica del funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Explicó que la normativa establece un mínimo de seis integrantes para este tipo de decisiones, por lo que, a su criterio, no existía otra alternativa que diferir el tratamiento del caso.
En la misma línea se pronunciaron el senador Mario Varela y el diputado Diego Candia, quienes señalaron que, de acuerdo con las disposiciones de la ley que regula el funcionamiento del JEM, correspondía la postergación por los fundamentos expuestos durante la sesión.
Finalmente, la presidencia del Jurado sometió la cuestión a votación y, por unanimidad de los presentes, se resolvió posponer el estudio y consideración de la causa para una próxima sesión, dejando constancia de que la decisión obedeció exclusivamente a la falta del número de votos requeridos por la normativa vigente para analizar el caso.
La causa contra el fiscal Carlos Ramírez se relaciona con actuaciones desarrolladas en expedientes vinculados a la muerte de una niña de 12 años ocurrida en Fulgencio Yegros, Caazapá, situación que generó amplia repercusión pública.
Entre los cuestionamientos figura la intervención del agente fiscal en un proceso en el que un hombre, inicialmente procesado por un caso de abuso sexual, obtuvo libertad condicional. Según los antecedentes mencionados en la investigación, el Ministerio Público recomendó hacer lugar a dicho pedido y no formuló oposición ni apeló respecto de la circunstancia de que el beneficiado pudiera fijar residencia a escasa distancia del domicilio de quien había sido la víctima.
Asimismo, otra de las actuaciones cuestionadas por la familia de la menor se refiere a la orden de realización de la autopsia. De acuerdo con los antecedentes del caso, dicha diligencia fue dispuesta recién cuando el cuerpo de la niña ya estaba siendo velado, situación que también forma parte de los aspectos que motivaron el análisis preliminar del Jurado.
Con la decisión adoptada, el JEM no emitió un pronunciamiento sobre el fondo de los cuestionamientos ni sobre la eventual utilización de su facultad oficiosa para avanzar en el proceso disciplinario. La resolución se limitó a diferir el tratamiento del expediente debido a la imposibilidad legal de analizarlo sin la integración mínima exigida.
En consecuencia, el estudio de la causa quedó pendiente para una próxima sesión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuando se reúna el número de miembros requerido por la ley para adoptar una decisión sobre el caso.
