Un grupo de aspirantes al Colegio de Policía “Sgto. Ayudante José Merlo Saravia” presentó este martes 10 de marzo una acción de amparo constitucional contra la Comandancia de la Policía Nacional, al considerar que el proceso de admisión vigente establece criterios que restringen el ingreso de mujeres a la institución.
La causa fue radicada ante el Juzgado Penal de Garantías del Segundo Turno especializado en Delitos Económicos, a cargo del magistrado Humberto Otazú.
Las accionantes sostienen que cumplieron con todos los requisitos exigidos en el proceso de selección, que incluyó evaluaciones académicas, exámenes médicos, pruebas de aptitud física y evaluaciones psicotécnicas. No obstante, aseguran que quedaron fuera del proceso debido a la aplicación de cupos diferenciados por sexo establecidos mediante resoluciones administrativas de la Policía Nacional.
Según el escrito presentado ante la Justicia, el sistema de admisión contemplaba inicialmente 840 plazas para mujeres y 4.110 para varones. Posteriormente, dichas cifras habrían sido modificadas a 1.000 vacancias para aspirantes femeninas y 4.000 para masculinos, manteniéndose una diferencia considerable entre ambos grupos.
Las postulantes afirman que este esquema genera una barrera para el acceso de mujeres a la formación policial, incluso en situaciones en las que aspirantes femeninas habrían obtenido puntajes superiores a los de algunos postulantes varones que sí lograron ingresar.
La acción judicial también señala que, para completar el cupo masculino, las autoridades habrían flexibilizado el puntaje mínimo requerido para los hombres, permitiendo el ingreso de aspirantes con calificaciones más bajas, mientras que mujeres que aprobaron todas las pruebas quedaron excluidas del proceso.
Las representantes legales de las recurrentes sostienen que esta situación vulnera principios constitucionales de igualdad y no discriminación. En el escrito judicial se argumenta que el caso trasciende el acceso a una institución educativa, ya que, según las accionantes, se trata de la aplicación de criterios que podrían afectar el principio de igualdad de oportunidades.
Previo a recurrir a la vía judicial, las postulantes indicaron que realizaron gestiones ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y el Congreso Nacional, con el objetivo de obtener una revisión del proceso de admisión. Sin embargo, señalaron que no obtuvieron respuestas que permitieran resolver la situación planteada.
A través del amparo, las aspirantes solicitan que el juzgado declare la nulidad de las disposiciones administrativas que establecen límites de ingreso por sexo y que se disponga la admisión de las postulantes afectadas. Asimismo, pidieron una resolución urgente debido a que el inicio del año lectivo en el colegio policial se produjo el 09 de marzo.
El juzgado interviniente deberá analizar los argumentos planteados en la acción constitucional y determinar si corresponde otorgar la medida solicitada, dentro del marco de las garantías establecidas en la Constitución Nacional.
