Según un análisis realizado por el “Global Initiative Against Transnational Organized Crime” el Paraguay ha perdido una cuarta parte de su cubierta arbórea en las últimas dos décadas, siendo el tráfico de madera la principal actividad criminal en el mercado de flora del país. Aparentemente en este mercado operan grupos criminales independientes con ayuda de funcionarios corruptos.
“Las redes criminales de baja escala impulsan los delitos contra la fauna en Paraguay, vendiendo animales en peligro de extinción como mascotas a través de las redes sociales y puntos de venta informales con la ayuda de funcionarios corruptos. A pesar de contar con leyes para proteger a las especies en peligro de extinción, las instituciones y la aplicación de la ley en el país son débiles, lo que permite que continúe la impunidad, y la caza ilegal y la pérdida de hábitat siguen siendo los principales riesgos para las especies amenazadas o en peligro de extinción en Paraguay, incluido el jaguareté, el aguará. guazú, taguá y tatú carreta” se puede leer en el informe.
Si bien el mercado de delitos relacionados con recursos no renovables en nuestro país es relativamente pequeño en comparación con otros países de Latinoamérica, la minería de oro, uranio y titanio puede convertirse en una fuente de conflicto en el futuro. Una parte importante del oro extraído ilegalmente que se introduce de contrabando a Europa está siendo validado en Paraguay.
El contrabando de gasolina está actualmente en aumento, y los altos precios del petróleo y los subsidios en la vecina Argentina hacen que la diferencia de precios sea atractiva para los consumidores. Se cree que los beneficios de los delitos contra los recursos no renovables permanecen en el sector empresarial de élite.
Tenemos así que, a pesar de la existencia de marcos legales para la protección de los bosques, leyes de protección de animales en peligro de extinción, etc., la impunidad sigue siendo rampante debido a la falta de una política estatal o un marco regulatorio eficiente para el país.
