El fiscal de la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Juan Ledesma presentó acusación y pidió el juicio oral y público del exjuez Penal de Garantías de Alberdi, Geraldino Cazal y la fiscal María Angélica Acosta por cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias y por este último hecho también al abogado Luis Antonio Méndez.
Según la acusación fiscal, entre julio y agosto del 2019, Cazal y María Angélica Acosta habrían acordado recibir sumas de dinero, G. 20 millones, de parte supuestamente del abogado Luis Antonio Méndez, cuyo cliente fue imputado por coacción sexual y violación para que este reciba medidas menos gravosas a la prisión preventiva.
Aparentemente, Luis Antonio Méndez era el abogado de la víctima, quien propuso al supuesto autor el pago de la suma de G. 40 millones, G. 20 millones serían para la madre de la afectada y G. 10 millones para la fiscal y los otros G. 10 millones para el juez.
El acuerdo se llegó entre el abogado del supuesto autor y el abogado de la querella y el 12 de agosto del 2019 mediante una entrega vigilada a cargo del fiscal Leonardi Guerrero fueron detenidos el abogado Méndez y la fiscal Acosta.
Esta última estuvo en el ojo de la tormenta, ya que pese a estar procesada, estaba en una unidad penal de la capital y fue ella quien otorgó dejó en libertad al rey de los tortoleros Hugo Marcelo Socal, quien fue detenido con un vehículo de dudosa procedencia.
La jueza Penal de Garantías Tecla Noemí Ríos admitió en la víspera la acusación correspondiente y esta para fijar audiencia preliminar.
