Ante la Inspectoría General del Ministerio Público, a cargo de Eulalio Ramírez, el abogado Jorge Rolón Luna, candidato a diputado por Central, presentó esta mañana una denuncia contra los fiscales intervinientes en la investigación de los hechos que culminaron con el fracaso, suspensión y demolición del proyecto denominado “Programa de Reconversión del Centro, Modernización del Transporte Público y Oficinas del Gobierno”, conocido como “Proyecto METROBÚS”.
Según la mencionada denuncia, la investigación del “Caso Metrobús”, que está a punto de cumplir cinco años con nulos avances, originariamente estuvo a cargo de la agente fiscal Nathalia Silva, posteriormente y de manera interina fue designado el fiscal Alcides Corvalán, para luego, seguidamente quedar a cargo de la fiscal Esmilda Álvarez; finalmente, pasó a quedar bajo la responsabilidad de la fiscal María Estefanía González, titular de la Unidad Penal Nº 9, de la sede uno del Ministerio Público, quien a la fecha es la responsable de dicha investigación.
Sostiene el abogado Rolón Luna, que la actuación que les cupo a estos agentes fiscales a lo largo de cinco improductivos años es lo que motiva esta presentación, sumado al hecho de la inminente asunción al cargo del nuevo fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, lo cual genera expectativas positivas en cuanto a que se rectifiquen las actuaciones del Ministerio Público en esta causa con nulos resultados bajo la conducción de Sandra Quiñónez.
La denuncia es extensiva en contra de todos aquellos agentes fiscales que intervinieron desde el primer día en que fueron denunciados estos hechos, en razón de que los mismos son responsables de que la causa hasta el día de hoy no posea avance alguno o siquiera digno de mención.
Para el denunciante, Metrobús fue un proyecto de desarrollo, de profunda necesidad social y de innegable urgencia. Sin embargo, a la fecha, tan sólo ha habido perjuicios –ingentes, incalculables, irreparables– y un agujero a las arcas públicas que el MP no está ayudando en lo más mínimo a recuperar, desertando, defeccionando de su función constitucional de defensa del erario público y de los intereses colectivos. Este fracaso absoluto de dos gobiernos, especialmente el encabezado por Horacio Cartes, con Ramón Jiménez Gaona como titular responsable de la cartera de Obras Públicas (MOPC), inédito por sus características, llevó a que sean denunciados ante el MP sus responsables. Ese es el tema que nos atañe en la presente denuncia contra un MP –pues no se trata sólo de los indolentes fiscales intervinientes– cómplices de, tal vez, del más notorio e infame hecho de corrupción que haya registrado el Estado paraguayo en todos los tiempos.
Según el escrito de la denuncia, la Ley Orgánica del Ministerio Público establece en el art. 32 que es deber de los agentes fiscales actuar con diligencia y prontitud en la investigación de los hechos punibles, algo que ha estado ausente y que no necesita mayores explicaciones: son cinco años de investigación sin un solo imputado ni trámites elementales, básicos, realizados a la fecha.
Tampoco se ha requerido el archivo de la causa, que debió haberse dado ante el supuesto de no contar con elementos suficientes para formular alguna imputación en contra de alguna persona que haya cometido alguna conducta jurídica relevante de índole penal. En otras palabras, en cinco años, o se liquida una causa con una sentencia condenatoria, firme y ejecutoriada o se la archiva por falta de mérito.
¿No será que la misma continúa abierta porque los responsables de la investigación saben que no se la puede archivar sin escándalo público, al tiempo que no se animan a ir tras sus responsables por ser ellos poderosos e influyentes –hasta ahora– en distintos ámbitos de la política paraguaya y especialmente en el MP?
Esta sospecha se refuerza ante la posible circunstancia potencial de que la causa quede prescripta, algo que, si llegase a ocurrir, será exclusiva responsabilidad de aquellos agentes fiscales que tuvieron a su cargo la investigación y de la fiscal general que dirige –hasta hoy– esta institución.
Buscando alguna explicación del inentendible retardo del Ministerio Público, es de suponer que se está en presencia de una causa bastante compleja. Sin embargo, una institución que no puede decir que carece de experiencia y recursos humanos capacitados en causas de corrupción y de alta complejidad, le ha otorgado hasta el momento el trato de una causa en la que alguien le ha robado al Estado una resma de papel y tinta para impresoras, puesto que, ni se ha conformado una junta o equipo de fiscales, así como, inexplicablemente no se la ha asignado a la unidad fiscal especializada en delitos económicos.
El mencionado abogado pide investigar las actuaciones de la Fiscal General del Estado y de la Fiscal Adjunta de Delitos Económicos, Sandra Quiñónez y Soledad Machuca, respectivamente, en lo que concierne a sus responsabilidades en la causa “Metrobús”.
A la luz y resultas de la investigación administrativa, comunicar al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la presente denuncia contra los fiscales Natalia Silva, Alcides Corvalán, Esmilda Álvarez y María Estefanía González y, a quien corresponda, en el caso de hallarse responsabilidades de la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez.
