El funcionario del Congreso y periodista Rubén Penayo presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el senador y actual presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, en la que solicita la investigación de presuntos hechos punibles vinculados a la administración de recursos públicos, designaciones de personal y percepciones económicas dentro del Poder Legislativo.
En el escrito presentado ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Penayo sostiene que durante la gestión de Basilio Núñez se habría producido la incorporación de aproximadamente 300 funcionarios al Senado y al Congreso Nacional, muchos de ellos presuntamente vinculados al movimiento político Honor Colorado y sectores aliados.
La denuncia plantea que dichas designaciones y aumentos salariales habrían sido realizados sin concursos públicos de oposición ni mecanismos de selección basados en criterios de idoneidad y transparencia, lo que, según el documento, podría contravenir principios constitucionales de igualdad de acceso a la función pública.
Asimismo, el denunciante señala que el legislador habría percibido mensualmente alrededor de Gs. 21.100.950 en concepto de bonificaciones adicionales a su dieta parlamentaria, cifra que, según argumenta, superaría incluso la remuneración del Presidente de la República. Este punto es presentado como un elemento que requeriría análisis respecto a la razonabilidad del gasto público y la estructura de remuneraciones del Estado.
La denuncia solicita que el Ministerio Público investigue la posible configuración de los hechos punibles de lesión de confianza, tráfico de influencias y cobro indebido de honorarios, además de eventuales responsabilidades de carácter administrativo o constitucional. También se pide la realización de auditorías a los rubros de bonificaciones y gratificaciones del Congreso, así como el análisis de los procesos de contratación y promoción de personal desde julio del 2024 hasta la fecha.
Entre las diligencias propuestas se incluyen pedidos de informes a la Dirección de Talentos Humanos del Congreso, a la Contraloría General de la República y el cruzamiento de datos de funcionarios contratados con registros partidarios, además del análisis de resoluciones internas y decretos reglamentarios vinculados a la administración legislativa.
El escrito también plantea la necesidad de un control de constitucionalidad y convencionalidad sobre las normativas internas del Congreso, en relación con los artículos de la Constitución Nacional que regulan la igualdad de acceso a la función pública y el servicio del Estado.
