El ministro Alberto Martínez Simón, recientemente designado presidente de la Corte Suprema de Justicia, explicó los alcances de la nueva modalidad de superintendencias aprobada por el máximo tribunal y delineó los principales ejes de gestión institucional.
En relación con la acordada sobre superintendentes, señaló que la elección de ministros por un año se aplicó únicamente de manera excepcional, con el objetivo de establecer un esquema de alternancia que garantice continuidad en la administración de las circunscripciones judiciales. Según detalló, el mecanismo permitirá que siempre haya un superintendente con experiencia acumulada que acompañe al nuevo designado, mientras que en adelante todos los cargos tendrán una duración de tres años.
El titular de la Corte indicó que la decisión fue fruto de debates internos entre los ministros y respondió a la necesidad de asegurar transferencia de conocimientos y estabilidad en la gestión administrativa. La acordada será publicada para conocimiento público, precisó.
Sobre los controles institucionales, informó que la Corte presentó un informe de 62 páginas ante el Congreso con un balance de auditorías y sumarios vinculados a irregularidades en juzgados, incluyendo datos sobre remisiones a instancias disciplinarias y al Ministerio Público. Explicó que muchas investigaciones administrativas continúan en trámite y, en casos con procesos penales en curso, se aguarda la resolución judicial antes de dictar medidas definitivas.
En materia de políticas judiciales, sostuvo que se impulsarán nuevamente mecanismos de seguimiento a la mora, como la presentación periódica de informes por parte de jueces y la publicación de datos en plataformas institucionales. También destacó la importancia de la digitalización y la mejora de herramientas tecnológicas, aunque reconoció limitaciones presupuestarias para acelerar el proceso.
Consultado sobre la reforma de la caja fiscal, el presidente de la Corte afirmó que se trata de una iniciativa de carácter técnico cuya definición corresponde a los poderes políticos, aunque advirtió que el tribunal observa con preocupación el eventual impacto que podría tener en el servicio de justicia si se produjeran renuncias masivas de operadores judiciales.
Martínez Simón subrayó además que la Corte mantendrá una postura institucional de respeto a los procesos legislativos, al tiempo de continuar con proyectos orientados a fortalecer la transparencia, la digitalización y el control interno del sistema judicial.
