La agente fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas imputó a seis personas por privación de libertad y extorsión agravada, en el marco de un operativo ilegal ocurrido el pasado 03 de junio, que involucra a miembros del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional y a una abogada penalista.
Los imputados son los cinco agentes policiales Derlis Ariel Chávez Giménez (oficial inspector), Silvio Javier Rojas Vera, Celiano Antonio Zayas Benítez, Ángel Gabriel Resquín Vera y Denis Evaristo Miltos (todos suboficiales) y la abogada Blanca Noemí Gauto Fernández, quienes presuntamente orquestaron una operación de tipo secuestro exprés con fines extorsivos.
Según el acta de imputación, el hecho se produjo a plena luz del día, sobre la avenida Monday de Presidente Franco. Las víctimas circulaban en una camioneta Kia Sportage cuando fueron interceptadas por una Toyota Hilux gris, de la cual descendieron cinco hombres armados que se identificaron como agentes policiales. Estos obligaron a descender al conductor y lo trasladaron por la fuerza, mientras tomaban control del vehículo de las víctimas y los incomunicaban tras quitarles los celulares.
Los afectados fueron llevados hasta el Departamento de Investigaciones, donde permanecieron retenidos durante varias horas. Durante el cautiverio, los presuntos autores exigieron USD 50.000 bajo amenaza de allanar sus propiedades, alegando supuestas investigaciones por lavado de dinero.
En ese contexto, la abogada Gauto fue convocada por los mismos agentes para mediar con una de las víctimas. Tras hablar en privado con los policías, la profesional habría informado a su cliente que debía pagar el monto exigido para evitar «problemas». Finalmente, se habría acordado un pago inicial de USD 30.000 equivalente a unos Gs. 236 millones y otros USD 20.000 en el plazo de un mes.
El dinero fue retirado por la víctima de diferentes entidades bancarias y entregado en efectivo con la participación directa de la abogada. Recién después de la entrega, las víctimas fueron liberadas cerca de las 16:40hs, frente al Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. A raíz de la denuncia presentada, la Fiscalía dispuso la detención de los seis involucrados y solicitó al Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco la convocatoria a audiencia y la aplicación de prisión preventiva para todos ellos.
La fiscal Ocampos argumentó la necesidad de la medida cautelar por la gravedad de los hechos, la solidez de los elementos recolectados, entre ellos declaraciones testificales y extractos bancarios y el riesgo de fuga u obstrucción a la investigación, dada la condición de funcionarios públicos de cinco de los imputados.
Los acusados, al enterarse de la orden de captura, se presentaron voluntariamente en la Dirección de Policía de Alto Paraná, donde actualmente permanecen detenidos a disposición del Ministerio Público.
