El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se refirió a la causa en su contra por supuesta lesión de confianza relacionada con inversiones realizadas en el Hospital Regional durante la pandemia, reiterando que no existió perjuicio patrimonial y que los fondos fueron efectivamente destinados a mejoras en el sistema de salud.
Sus declaraciones se dieron en el contexto de una audiencia en la que el juez Humberto Otazú dispuso la aplicación de medidas alternativas a la prisión.
De acuerdo con lo resuelto, Prieto deberá comparecer de manera trimestral ante el juzgado, tiene prohibición de salida del país y deberá presentar una fianza real hasta cubrir la suma de Gs. 750 millones. La causa forma parte de un conjunto de investigaciones abiertas en su contra, de las cuales, según el propio exintendente, algunas ya han sido desestimadas.
En relación con el caso específico, el Ministerio Público sostiene que existirían montos no justificados dentro de las transferencias realizadas al Consejo Local de Salud, mientras que Prieto afirmó que los recursos, que superarían los Gs. 11.000 millones, fueron utilizados en equipamientos, ampliación de servicios y otras mejoras en el hospital. En ese sentido, mencionó la adquisición de ambulancias y el aumento de camas de terapia intensiva como parte de las inversiones efectuadas.
El exjefe comunal manifestó que su defensa cuenta con elementos para sostener su versión de los hechos y que buscará demostrar su inocencia en el proceso judicial. Asimismo, cuestionó la actuación fiscal y calificó la causa como parte de una persecución política en su contra.
Prieto también hizo referencia a la situación de otras personas imputadas en el mismo caso, señalando que, a su criterio, se trata de actores que participaron de buena fe en iniciativas vinculadas al fortalecimiento del sistema de salud durante la emergencia sanitaria. Por su parte, la Fiscalía deberá sostener la acusación en las etapas correspondientes, en tanto que será el órgano jurisdiccional el encargado de valorar las pruebas y determinar la existencia o no de responsabilidad penal.
