A pesar de contar con tres informes de auditoría que documentan un perjuicio patrimonial de Gs. 1.947.624.208 al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), el Ministerio Público aún no ha adoptado medidas procesales concretas en relación con la denuncia penal contra el jefe del Departamento de Recaudaciones, José Rolando Fornerón Pagani.
La denuncia fue presentada el 08 de agosto del 2024 en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción a cargo de la fiscal Luz Guerrero. Según el primer informe de auditoría, se detectaron 518 liquidaciones no facturadas entre enero y junio del año 2024, generando una pérdida inicial de Gs. 532 millones. Estas transacciones fueron procesadas a través de la Ventanilla Única del Importador (VUI), utilizando el usuario del funcionario denunciado.
En octubre, un informe final amplió el periodo de revisión hasta 2018, confirmando un daño superior a Gs. 1.900 millones. La documentación evidencia la responsabilidad funcional de Fornerón Pagani, ya que los ingresos por servicios prestados no ingresaron a las arcas institucionales.
Los hechos podrían configurar los delitos de lesión de confianza estipulado el art. 192 del Código Penal y el hecho de exacción, conforme al art. 312. No obstante, pese a tres ampliaciones de denuncia y cuatro urgimientos institucionales, la representante del Ministerio Público no ha realizado imputación alguna, generando preocupación por la aparente inacción fiscal en torno a esta causa.
Este caso contrasta con otros procesos similares en los que ya se han celebrado audiencias preliminares, pese a que no hubo perjuicio económico alguno. Tal disparidad revela un preocupante doble estándar en la aplicación de justicia. La inacción de la agente fiscal Guerrero pone en jaque la credibilidad del Ministerio Público, debilitando la institucionalidad y alimentando la percepción de impunidad.
La Ley N.º 1535/99 obliga a los funcionarios públicos a administrar correctamente los recursos estatales y prohíbe su retención indebida. La omisión en la facturación no solo representa una falta administrativa, sino un posible delito contra el patrimonio público.
Desde el SENAVE y distintos sectores institucionales se exige una actuación pronta y firme del Ministerio Público, en defensa del principio de legalidad y la transparencia. La ciudadanía aguarda señales claras de que la justicia no será selectiva ni tardía frente a hechos de corrupción.
