La intendente de Quyquyhó, Patricia Corvalán, presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una acción de inconstitucionalidad con el objetivo de poder inscribirse como candidata y continuar en el cargo municipal pese a las restricciones previstas en la normativa electoral vigente.
La presentación ingresó el 02 de febrero pasado y apunta a lograr que se suspendan los efectos del establecidos en el art. 257 del Código Electoral Paraguayo, cuya interpretación actual, según la acción presentada por Corvalán, impediría su postulación por haber ejercido ya dos periodos en la comuna.
Corvalán, esposa del diputado Esteban Samaniego, sostiene en su escrito que la aplicación extensiva de ese artículo equipara un mandato municipal ejercido para completar un periodo vacante, por renuncia del entonces titular, con un periodo constitucional completo, lo que, a su juicio, le impide volver a postularse pese a que su primer mandato se completó en circunstancias extraordinarias.
La acción no declara la inconstitucionalidad de la norma en abstracto, sino su aplicación concreta en su caso y solicita además una medida cautelar de urgencia para habilitarla provisionalmente ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral y en las internas del partido, aduciendo la necesidad de evitar un daño constitucional grave, actual e irreparable y garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva.
La normativa citada por Corvalán dispone que el intendente “podrá ser electo por el voto popular por una sola vez, consecutiva o alternada” y estipula requisitos para la reelección que, según la accionante, no deben aplicarse en su situación específica de mandato asumido por vacancia.
La presentación de la acción se da en un contexto de procesos judiciales en curso, en los cuales Corvalán y otros exfuncionarios municipales, incluida la madre del diputado Samaniego, fueron acusados a fines del 2024 por el fiscal Silvio Corbeta por los supuestos delitos de administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de dinero relacionados con un presunto desvío de fondos por alrededor de Gs. 1.100 millones durante la gestión municipal cuando su esposo era intendente.
Ese caso, que incluye a al menos una docena de personas imputadas, ha enfrentado una serie de recursos dilatorios y chicanas procesales, que han impedido la realización de la audiencia preliminar para decidir si los acusados irán o no a juicio oral, mientras que el proceso del propio diputado Samaniego se encuentra paralizado por la falta de tratamiento de los pedidos de desafuero en la Cámara de Diputados.
