En entrevista con PDS Radio, la abogada Raquel Talavera, defensa de Fernando González Karjallo, explicó los alcances del acuerdo firmado con la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), el cual dio pie a un pedido formal de extinción de la acción penal por parte del Ministerio Público.
“El acuerdo fue mal entendido como una conciliación. En realidad, fue un desistimiento mutuo de acciones entre las partes. No hubo apropiación, porque mi cliente nunca cobró absolutamente nada y nunca fue notificado de una transferencia registrada a nombre de SENABICO”, afirmó Talavera, quien añadió que en el acta consta la inexistencia de perjuicio económico hacia el Estado.
Según la abogada, el conflicto surgió por la ocupación de un inmueble por parte de una inquilina que, si bien había mejorado el lugar de buena fe, inició acciones legales contra SENABICO y Karjallo, situación que se resolvió con acuerdos extrajudiciales: “Ella desistió de su juicio de retención por mejoras y abonó los alquileres impagos. SENABICO no perdió dinero, mi defendido tampoco recibió nada y todo terminó con la entrega formal del inmueble”, relató.
Talavera explicó que la Fiscalía solicitó la extinción de la acción penal bajo el art. 25, inc. 10 del Código Procesal Penal y que aguardan la homologación del acuerdo por parte del juez, en el marco de una audiencia preliminar fijada para este mes de junio. “El fiscal ya no pide una audiencia preliminar típica, sino la homologación del acuerdo. Si el juez no homologa, podría remitir el caso a la Fiscalía General, lo que sería solo una vuelta innecesaria”, apuntó.
La abogada sostuvo que, en este contexto, el juez tiene dos caminos: homologar el acuerdo y dictar sobreseimiento o tramitarlo como una oposición y enviarlo a la Fiscalía General. En ambos casos, según Talavera, el resultado debería ser el mismo: la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de su cliente, pues no existen elementos que sostengan la imputación.
Durante la entrevista, Talavera también se refirió al controvertido caso de honorarios multimillonarios solicitados por abogados en la causa de usura y lavado de dinero que involucró al exsenador Ramón González Daher. Explicó que los pedidos de regulación de honorarios fueron rechazados parcialmente por la Cámara de Apelaciones, que ordenó aplicar el arancel profesional, ya que no se pudo acreditar un monto de reparación del daño que justificara cifras exorbitantes.
“Uno de los reclamos llegó a casi 9 millones de dólares y fue regulado finalmente en 29 millones de guaraníes, conforme al arancel. Hay que tener cuidado con las solicitudes escandalosas e inconsistentes, porque en la última apelación incluso les impusieron costas a los abogados que las promovieron”, señaló.
La profesional adelantó que ahora están solicitando la regulación de honorarios sobre esas costas impuestas, argumentando que en los reclamos los abogados actuaron en nombre propio, sin representar a una víctima determinada.
