El juez penal de garantías Humberto Otazú, confirmó la realización de la audiencia preliminar prevista para el próximo 09 de junio en la causa que involucra a la exfiscal Egidia Gómez, acusada por los presuntos hechos punibles de cohecho pasivo agravado y frustración de la persecución y ejecución penal.
En el mismo proceso figuran la exjuez de garantías Isabel Bracho y su actuaria judicial Ruth Ferreira, respecto de quienes el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento provisional. La decisión fue adoptada mediante el A.I. Nº 151, por el cual el magistrado rechazó un recurso de reposición con apelación en subsidio promovido por los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalos, representantes legales de Gómez.
La defensa sostuvo que la fijación de la audiencia preliminar se produjo sin que el Ministerio Público hubiera cumplido con la entrega íntegra de elementos probatorios solicitados. Específicamente, alegó que la Fiscalía no remitió la totalidad de los audios de las intercepciones telefónicas en su formato original y sin procesamiento previo, material que, según argumentó, constituye el principal sustento de la acusación fiscal.
De acuerdo con la postura de la defensa, esa situación impediría ejercer un control efectivo sobre la acusación y restringiría el acceso a eventuales elementos de descargo, configurando un supuesto estado de indefensión. En consecuencia, solicitó la suspensión de la audiencia preliminar y la revocación de la providencia que la convocó.
Por su parte, el fiscal de la causa, Christian Benítez Cáceres, solicitó el rechazo del planteamiento y defendió la legalidad de la convocatoria realizada por el juzgado.
Al analizar el recurso, el juez Otazú recordó que la etapa intermedia del proceso penal tiene precisamente como finalidad permitir a las partes examinar las actuaciones y los elementos probatorios reunidos durante la investigación. En ese sentido, destacó que la providencia impugnada dispuso expresamente que las actuaciones y evidencias quedaran a disposición de las partes.
El magistrado concluyó que no se verificó la vulneración de derechos alegada por la defensa, al considerar que el acceso a las evidencias se encuentra garantizado dentro de la fase procesal correspondiente. Asimismo, señaló que la convocatoria a audiencia preliminar se ajusta a las disposiciones legales vigentes y no afecta garantías constitucionales ni procesales.
En consecuencia, resolvió rechazar la reposición presentada por la defensa de Gómez y disponer la remisión del expediente al Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado para el tratamiento de la apelación subsidiaria planteada. Además, impuso las costas a la parte recurrente.
La investigación guarda relación con un presunto esquema de favorecimiento al supuesto narcotraficante Walter Galindo, en el marco de una causa de microtráfico. Según la hipótesis fiscal, se habría producido el reemplazo de paquetes de cocaína por bicarbonato de sodio, maniobra que habría tenido como finalidad obstaculizar la persecución penal y beneficiar al investigado.
La acusación presentada por el Ministerio Público alcanzó a la exfiscal Egidia Gómez por supuestamente haber intervenido en dichas irregularidades. En tanto, respecto de la exjuez Isabel Bracho y de la actuaria Ruth Ferreira, la Fiscalía requirió el sobreseimiento provisional, cuestión que deberá ser analizada durante la audiencia preliminar convocada para el 09 de junio.
