El juez Humberto Otazú ratificó la convocatoria para los días 07 y 08 de julio a fin de realizar la audiencia preliminar de Milca López, exasistente de medios de pago de una financiera y para el tarotista Diego Parra, quienes presuntamente habrían creado un esquema delictivo para obtener beneficios patrimoniales indebidos mediante el uso de la tarjeta de crédito de un tercero.
La defensa de López repuso la convocatoria, alegando que el juzgado faltó a los principios rectores del sistema penal al no resolver en una sola audiencia todos los pedidos presentados por la Fiscalía, en referencia a la acusación presentada y también al pedido de sobreseimiento provisional respecto a Karina Acosta. La Cámara de Apelación deberá estudiar a apelación subsidiaria y ratificar o no la decisión del juzgado.
El conflicto se originó tras los requerimientos presentados por la fiscal Lorena Ledesma el pasado 12 de junio. Por un lado, la fiscalía solicitó la apertura de juicio oral y público para López y Parra, mientras que en el caso de Karina Toledo requirió el sobreseimiento provisional. El juzgado accedió a realizar audiencias separadas: el 07 y 08 de julio para López y Parra, y el 9 de julio para Toledo.
Durante la audiencia del 24 de junio, la defensa argumentó que el uso del art. 133 del Código Procesal Penal (CPP) por parte del juzgado implicaba que debía considerarse la cuestión como un incidente susceptible de ser resuelto de forma integral. Sin embargo, el juzgado sostuvo que el plazo procesal fue cumplido debidamente y que cada requerimiento conclusivo debe ser tratado de forma independiente, atendiendo a la responsabilidad penal individual de cada imputado.
Así también, el magistrado defendió la postura del Ministerio Público, señalando que la presentación de requerimientos diferenciados no vulnera el principio de objetividad, ya que en base a los elementos probatorios se tomó una decisión distinta para cada implicado.
Con base en estas argumentaciones, el Juez Otazú resolvió rechazar el recurso de reposición, pero concedió la apelación subsidiaria, elevando el caso al Tribunal de Apelación especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado.
