El Juez Rodrigo Estigarribia rechazó un amparo de pronto despacho que planteó la defensa de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, a fin de que el Ministerio de Justicia se pronuncie sobre pedidos de traslado, de informes y de asistencia médica. El magistrado señaló que el Ministerio de Justicia ya se expidió ante las peticiones solicitadas, con lo cual el amparo se vuelve inoficioso.
Al respecto, el abogado Miguel Mendieta refirió a PDS Radio que el Director de Instituciones Penales debe enviar, a consideración del Viceministro de Política Criminal, el traslado de su defendido. En ese sentido, mencionó que cuando Miguel Insfrán fue trasladado a la penitenciaría de máxima seguridad no se estableció bajo qué régimen cumpliría su privación de libertad.
“Grande fue nuestra sorpresa cuando fuimos a visitarlo y le encontramos en un régimen cerrado que es solamente para condenados, según lo establecido en el art. 202 del Código de Ejecución Penal y el art. 35 del mismo cuerpo legal establece que, siempre que sea más favorable para el encausado el mismo puede estar bajo ese régimen y, teniendo en cuenta que él (Tío Rico) tenía una muy buena conducta en Viñas Cué, nos parece que ese no es un lugar para prevenidos, ese es el fundamento que utilizamos para pedir administrativamente que se le cambie de módulo y que se lo establezca en un lugar para prevenidos y no para condenados” agregó el abogado.
Miguel Ángel Insfrán es considerado como una pieza clave en la investigación que derivó en el conocido Operativo A Ultranza Py. Según la investigación de la Fiscalía, la megaestructura se dedicaba al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, a través de envíos de cargamentos de cocaína a Europa, lo que le permitió hacerse de una flota de aviones y distintas propiedades incluido un centro logístico ubicado en Mariano Roque Alonso.
Según la descripción de hechos, durante el periodo de tiempo comprendido entre el inicio del año 2020 y transcurso del año 2021, varias organizaciones criminales se juntaron en el territorio nacional y concretaron la actividad del tráfico internacional de cargas de clorhidrato de cocaína, también el lavado de los activos obtenidos en consecuencia, ya sea mediante la constitución y adquisición de empresas destinadas para tal fin, igualmente con las compras de bienes (muebles, inmuebles y semovientes) tanto a nombre de personas físicas, también de personas jurídicas.
