Rechazan arresto domiciliario para jefe de seguridad del aeropuerto Silvio Pettirossi

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Juez Rodrigo Estigarribia

El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia resolvió mantener la prisión preventiva del jefe de seguridad aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Gustavo Ismael Britos, quien se encuentra imputado en una causa vinculada al presunto intento de envío ilegal de lingotes de oro con destino a Panamá.

La decisión fue adoptada mediante el A.I. Nº 25 dictado el 10 de marzo del año 2026, luego de una audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa del procesado. El caso forma parte de la investigación fiscal abierta por presuntos hechos de contrabando, cohecho pasivo agravado y asociación criminal, en el marco de la causa “Gustavo Ismael Britos Orlando y otros s/ contrabando”.

Durante la audiencia, la defensa técnica del imputado solicitó la sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario con monitoreo electrónico, además de ofrecer cauciones reales y personales. El abogado argumentó que Britos cuenta con arraigo familiar, domicilio fijo en la ciudad de Luque y una trayectoria de aproximadamente quince años como funcionario de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) sin antecedentes disciplinarios ni penales.

Como parte de la propuesta de medidas sustitutivas, la defensa presentó dos inmuebles como garantía, además de un fiador personal, con el objetivo de asegurar la sujeción del imputado al proceso. Asimismo, sostuvo que varias diligencias investigativas ya se habrían realizado, como el análisis de la composición de los lingotes incautados y la extracción de datos de dispositivos electrónicos.

Por su parte, el Ministerio Público solicitó al juzgado el rechazo del pedido y el mantenimiento de la prisión preventiva. El representante fiscal argumentó que los elementos presentados por la defensa no resultan suficientes para neutralizar el peligro de fuga, teniendo en cuenta la expectativa de pena derivada de los delitos investigados, que podría oscilar entre cinco y quince años de prisión en caso de confirmarse las imputaciones.

La Fiscalía también señaló que la investigación continúa en curso y que aún restan diligencias relevantes, entre ellas el análisis detallado de la información extraída de los dispositivos electrónicos incautados y la toma de declaraciones a funcionarios de la DINAC, cuyos testimonios podrían aportar datos para esclarecer los hechos investigados.

En su resolución, el juez Estigarribia consideró que los avances mencionados por la defensa no constituyen elementos nuevos capaces de demostrar que los riesgos procesales hayan desaparecido o disminuido de manera sustancial. En ese sentido, destacó que la imputación atribuye al procesado una participación relevante dentro del esquema investigado, supuestamente aprovechando su condición de funcionario aeroportuario y su acceso a áreas restringidas del aeropuerto.

El magistrado también evaluó que, debido a su antigüedad dentro de la institución y su vínculo con funcionarios del área de seguridad aeroportuaria, existe la posibilidad de que el imputado influya sobre potenciales testigos si recupera su libertad durante la etapa investigativa.

En consecuencia, el juzgado concluyó que no se verificó una variación sustancial de las circunstancias que motivaron la imposición inicial de la medida cautelar. Por ello, resolvió rechazar el pedido de la defensa y mantener la prisión preventiva, al considerar que sigue siendo necesaria y proporcional para garantizar la continuidad del proceso penal.