El Tribunal de Sentencia mantuvo el arresto domiciliario de Olga Bogado Cubas y Rufina Salinas Acuña, dos supuestas monjas acusadas por presuntamente someter a una adolescente de 16 años a un régimen de servidumbre y trabajo forzado, maltrato físico y psicológico, durante varios meses.
La defensa, representada por el abogado Catalino Troche Mercado, había solicitado el cambio de domicilio alegando graves dificultades económicas y logísticas para cumplir la medida en casas ajenas, proponiendo como nuevo lugar de reclusión un inmueble perteneciente a la Asociación Hijas de Nuestra Señora de Caacupé, ubicado en Minga Guazú.
Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público, Vivian Coronel, se opuso a la solicitud señalando que el lugar propuesto sería el mismo donde supuestamente ocurrieron los hechos investigados y que, además, se encuentra cerca de la vivienda de la víctima, lo que podría poner en riesgo el proceso. Asimismo, recordó que tanto la víctima como su madre son testigos claves en el juicio pendiente.
El tribunal evaluó los argumentos de ambas partes y concluyó que persisten los riesgos procesales que justificaron la imposición de las medidas cautelares originales. Se mencionaron la falta de arraigo, la posibilidad de fuga debido a la cercanía con la frontera y la elevada expectativa de pena, así como el riesgo de obstrucción a la investigación por la proximidad con la víctima.
La defensa también había solicitado que sus clientas comparezcan ante el juzgado de forma bimestral en lugar de mensual, alegando dificultades económicas para costear los traslados desde Ciudad del Este. Sin embargo, el tribunal rechazó este planteamiento, considerando que las condiciones que motivaron la medida siguen vigentes y que el juicio oral aún no ha comenzado.
Con esta decisión, Gloria Bogado Cubas y Rufina Salinas Acuña continuarán cumpliendo arresto domiciliario en las direcciones fijadas, bajo control y vigilancia de las autoridades correspondientes, hasta que se realice el juicio oral.
