El juez Humberto Otazú rechazó el pedido de permiso de trabajo que solicitó el exintendente de Lambaré Armando Gómez (PLRA), quien cumple arresto domiciliario en la causa que afronta por un supuesto desvío millonario de Gs. 7.315.878.567 a través de fondos descontados a funcionarios de la Municipalidad que debían ir a la Caja de Jubilaciones. El juzgado argumentó que el permiso laboral es incompatible con el arresto domiciliario.
El pedido, presentado el 28 de abril del 2025 por los abogados Osvaldo Sotelo Franco y Julio César Bobadilla Estigarribia, buscaba permitir al procesado realizar trabajos de flete entre las 06:00 y 16:30 horas. La defensa alegó una situación de insuficiencia económica del imputado, quien además tiene a su cargo dos hijos menores y se encuentra bajo tratamiento médico.
Sin embargo, el Ministerio Público se opuso, citando la gravedad del hecho punible imputado. El Juzgado, por su parte, sostuvo que conceder permiso para actividades laborales fuera del domicilio “desnaturalizaría la medida cautelar” del arresto domiciliario. En su resolución, citó precedentes jurisprudenciales que consideran incompatible el arresto domiciliario con la autorización para trabajar, recordando que esta medida también puede servir para una eventual condena.
De este modo, el juzgado instó al procesado a continuar cumpliendo con las condiciones impuestas en la resolución anterior de fecha 29 de octubre del 2024, bajo apercibimiento de revocación de estas en caso de incumplimiento.
