La Sala Penal rechazó la recusación promovida por la defensa de Ángel Gabriel Báez contra los camaristas Adriana María Giagni Rojas, Arnaldo Fleitas Ortiz y Arnulfo Arias, integrantes del Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala de la Capital, en el marco de la causa derivada del caso conocido como la “Isaura falsa”. Se recordó que la disconformidad con resoluciones judiciales no constituye causal de recusación.
El incidente fue planteado por el abogado Carlos Antonio Torres Aguilera, quien sostuvo que los magistrados habían exteriorizado una supuesta preopinión al rechazar reiteradamente recursos e incidentes promovidos por la defensa, lo que, a su criterio, comprometía su imparcialidad e impedía una revisión objetiva del proceso.
Al analizar el planteamiento, la ministra María Carolina Llanes, cuyo voto fue acompañado por el ministro Luis María Benítez Riera, concluyó que la recusación carecía de fundamentos y de elementos probatorios que acreditaran alguna de las causales previstas en el artículo 50 del Código Procesal Penal. Además, recordó que resolver recursos o incidentes dentro del proceso no implica preopinión y que la mera disconformidad con decisiones judiciales debe canalizarse a través de los recursos previstos por la ley, no mediante una recusación.
Por su parte, el ministro Manuel Ramírez Candia votó por declarar inadmisible el estudio de la recusación, al considerar que la defensa no individualizó de forma concreta la causal legal invocada ni expuso hechos específicos que permitieran inferir una afectación a la imparcialidad de los magistrados.
La causa se desprende del caso de la denominada “Isaura falsa”, descubierto el 24 de junio de 2024, cuando Deisy Deyanira Reyes de Domínguez compareció ante un Tribunal Especializado en Crimen Organizado haciéndose pasar por Isaura Sánchez Freitas, procesada por narcotráfico que permanecía prófuga. Para ello habría utilizado documentos de identidad y otros instrumentos presuntamente falsificados con el objetivo de obtener una revisión de medidas cautelares. La maniobra fue descubierta luego de que la mujer revelara su verdadera identidad y una pericia dactiloscópica confirmara el engaño.
A partir de ese episodio, el Ministerio Público abrió una investigación por presunta producción y uso de documentos no auténticos, abuso de documento de identidad, frustración de la persecución y ejecución penal, producción inmediata y mediata de documentos públicos de contenido falso, pesquisa que posteriormente se amplió a otras personas presuntamente vinculadas al esquema, entre ellas Ángel Gabriel Báez.
