La juez Rosarito Montanía rechazó el pedido de detonación controlada de elementos explosivos incautados en la investigación del secuestro de Félix Urbieta. La misma recordó que la Fiscalía debe investigar el origen de los artefactos, para llegar a las personas que brindan apoyo a los grupos criminales. El fiscal Zárate realizó la solicitud.
El pedido, presentado por el fiscal Pablo Zárate González, pretendía habilitar la destrucción de varios materiales explosivos incluyendo bananas de power gel, cordones detonantes e iniciadores pirotécnicos, incautados en procedimientos vinculados al caso “Alejandro Ramos Morel y otros s/ secuestro y otros”, relacionado con el secuestro del ganadero Félix Urbieta Ramírez ocurrido en el año 2016.
Según argumentó el fiscal, los explosivos eran de fabricación casera, altamente inestables y representaban un riesgo para su almacenamiento prolongado. El operativo de detonación debía realizarse en el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), en Arroyito, con la participación de personal militar especializado.
Sin embargo, la magistrada resolvió no hacer lugar al pedido al considerar que no se cumplían los requisitos establecidos por la Ley N° 7411/2024 sobre el manejo de armas y explosivos. El fallo destaca que los explosivos no fueron entregados a la Dirección General de Material Bélico (DIMABEL), autoridad competente para su resguardo y eventual destrucción. Además, el Ministerio Público no presentó un dictamen técnico que avalara la peligrosidad de los artefactos.
La resolución también recuerda que la investigación debe continuar para determinar la trazabilidad de los explosivos y establecer posibles vínculos logísticos con organizaciones criminales.
