La Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente Nº 1 de Alto Paraná, bajo la dirección del agente fiscal Orlando David Quintana, logró la restitución de 70 hectáreas de la Reserva Natural Itabó a favor de la Itaipú Binacional, como parte de una medida reparadora por daño ambiental.
El caso se tramitó en el marco del expediente Nº 11064/2022, caratulado “Ministerio Público c/ Clademir José Stivanin s/ supuesto hecho punible contra el medio ambiente (perjuicio a reservas naturales)”. El Juzgado Penal de Garantías Nº 3 dictó el A.I. Nº 1615 de fecha 10 de octubre del año 2024, en el cual aprobó la salida procesal alternativa propuesta por el imputado.
El acusado, Clademir José Stivanin, ciudadano brasileño de 59 años y productor agrícola, fue investigado por haber ingresado sin autorización a la finca 13.415, ubicada dentro de un área silvestre protegida por el Decreto Nº 7444/2017 y haber por cultivado mecanizadamente cerca de 70 hectáreas, en abierta violación de la normativa ambiental vigente.
Durante el proceso, la defensa de Stivanin propuso la suspensión condicional del procedimiento, lo cual fue aceptado tras un acuerdo con la Itaipú Binacional, formalizado en la escritura pública Nº 96 del 27 de agosto del 2024. En el documento, el productor reconoció los hechos, se comprometió a restituir el inmueble y aceptó someterse a diversas reglas de conducta durante un año, las cuales incluyen firmar cada tres meses en el Juzgado de Ejecución, no cambiar de domicilio sin autorización judicial. Someterse al control de un asesor de pruebas, la prohibición de portar armas de fuego y la prohibición de ingresar nuevamente a la Reserva Natural Itabó.
Con la aprobación judicial, se levantaron las medidas cautelares vigentes y el caso fue derivado al Juzgado de Ejecución Penal, que se encargará de verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por Stivanin. La Itaipú Binacional, por su parte, recuperó la posesión del inmueble y ya inició los trabajos de cercado perimetral del área afectada, como paso previo a las tareas de reforestación y restauración del ecosistema natural.
Este caso representa un importante precedente en la protección de áreas silvestres protegidas del país, especialmente dentro del contexto de conflictos por ocupación ilegal de reservas naturales. La Fiscalía Ambiental destacó la efectividad del mecanismo de resolución alternativa, que permitió tanto la reparación ambiental como el fortalecimiento del respeto a la normativa vigente.
