Jorge Arturo Daniel y Andrés Casati, abogados del gobernador Hugo Javier González, imputado por lesión de confianza y otros, recusaron a la jueza Penal de Garantías María Elena Cañete, ya que argumentan que la magistrada rechazará el recurso de reposición planteado, como lo hizo en dos ocasiones presentados por otros imputados.
“En este proceso penal de acción pública, la jueza recusada, como integrante natural del Juzgado Penal de Garantías, ha intervenido y emitido dos fallos en oportunidad de sustanciarse un recurso de reposición planteado por esta defensa técnica y otro recurso de idéntico carácter esbozado por la defensa de otro prevenido.
Ambos recursos de reposición y apelación en subsidio mencionados, que se encuentra aún pendiente de decisión jurisdiccional, guardan una estrecha y delicada vinculación y nexo, con dos cuestiones ya resueltas por la jueza, precisamente en los fallos antes identificados. Es decir que, al haberse resuelto cuestiones planteadas por la misma vía recursiva y donde el contenido de las pretensiones de esta defensa se asemejan a lo anteriormente indicado, y estando ellas aún pendiente en estos recursos a ser tratados y resueltos, en tiempos disímiles permite dar a conocer que las materias diferidas de resolverse correrán indudablemente la misma suerte de lo dispuesto en las resoluciones citadas, y más aún sobre la base de los argumentos expresando este en los considerandos de estos interlocutorios ya identificados (A.I. No. 2251 del 17 de diciembre de 2021 y el A.I. No. 169 del 18 de enero de 2022)”, dice el escrito de recusación de los abogados.
El 29 de diciembre del 2021, el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, integrado por Andrea Vera, Arnulfo Arias y Bibiana Benítez, confirmó a la jueza Penal de Garantías María Elena Cañete en la causa del gobernador de Central, Hugo Javier González, imputado por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos y otros. La misma fue designada luego de varias inhibiciones de jueces especializados.
Los demás imputados son: Javier Marcelo Rojas Giménez, director general de Administración y Finanzas de la gobernación, Tadeo Andrés Álvarez, presidente de la ONG, Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), además del tesorero de dicha fundación, Paulino de los Santos Palacios Recalde, Nicolás Eduardo Álvarez Doria, síndico de la CIAP, Lourdes Verónica Lezcano, secretaría general de la gobernación, Armando Adolfo Soler, secretario de Obras Públicas, Luis Eduardo Allende, ex tesoro.
Además, están Édgar José Zaracho, asesor jurídico de la gobernación, el jefe del departamento de presupuesto Guido Rolando Portillo, Modesta Valiente Escobar, ex funcionaria de Administración y Finanzas.
Finalmente, también fueron imputados el ex fiscalizador de obras Adalberto Benítez Aguilera, y los contratistas Oscar Morel y Laureano Gaete Gómez.
