El abogado Mario Elizeche, defensor de cuatro acusados en el caso Detave, recusó por supuesta falta de imparcialidad al Tribunal de Sentencia presidido por Karina Jazmín Cáceres e integrado por las juezas Adriana Planás y Ana Rodríguez, logrando suspender una vez más el inicio del juicio oral y público.
El profesional invocó el artículo 50, inciso 13 del Código Procesal Penal, argumentando que existe una necesidad imperiosa de llevar adelante este juicio a toda costa. Elizeche aseguró que esto responde a que los tribunales especializados sufren una imposición por parte de organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para exhibir estadísticas que reflejen una “producción exitosa, llevando adelante juicios a toda costa aunque las pruebas estén siendo cuestionadas y posteriormente, inclusive, salgan resoluciones que demuestran que esas pruebas estaban mal”.
La recusación técnica se promovió inmediatamente después de que el Colegiado ratificara su competencia para entender en la causa y rechazara de forma unánime los pedidos de suspensión planteados por las defensas. Elizeche representa legalmente en este proceso a los acusados Baldomero Barrios Martínez, Fredi Rubén Gauto, Carlos Alfredo Caballero Arellaga y Óscar José Samudio Vargas.
Antes de la recusación, otra de las defensas técnicas planteó como incidente previo el aplazamiento del juicio. Argumentó que se encuentra pendiente de resolución ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema una acción planteada contra el fallo del Tribunal de Apelación que confirmó la elevación de la causa a juicio. El letrado advirtió al Colegiado que la máxima instancia judicial ya le dio trámite a dicha acción de inconstitucionalidad, la cual fue promovida por el acusado Blas Cabañas contra la citada resolución.
Por su parte, la agente fiscal Belinda Bobadilla también planteó un incidente antes de la interrupción. La representante del Ministerio Público solicitó la realización de copias certificadas de los billetes que fueron incautados en el domicilio del exdirector de la institución, Ramón Benítez, a fin de que estas reproducciones sean utilizadas en sustitución de las evidencias físicas durante el juicio oral.
Fundamentó el pedido explicando que el dinero en efectivo se encuentra actualmente bajo resguardo del Poder Judicial, cuando por ley corresponde que pase a estar a cargo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
