Representantes de gremios del sector judicial acordaron impulsar nuevas acciones frente al proyecto de reforma de la Caja Fiscal y anunciaron que solicitarán una reunión formal con el Ministerio de Economía y Finanzas para presentar propuestas técnicas alternativas. Asimismo, convocaron a una asamblea general para el martes, en conjunto con el Sindicato de Funcionarios Judiciales y otros gremios del sistema de justicia, donde se analizará la posibilidad de adoptar medidas de fuerza, incluyendo un eventual paro integral a nivel nacional.
El camarista Jorge Barboza explicó que el escenario cambió tras la decisión del Senado de postergar el tratamiento del proyecto, lo que, según señaló, abrió un espacio para el análisis técnico y el debate democrático. Indicó que la reforma previsional requiere un estudio profundo debido a su complejidad y al impacto social que conlleva, especialmente en lo relativo a derechos adquiridos y a la situación de determinados segmentos de magistrados que, a su criterio, podrían quedar en desprotección.
Barboza sostuvo que el sector no se opone a modificaciones normativas, pero plantea la necesidad de alcanzar consensos y de garantizar que cualquier cambio respete derechos sociales y económicos vinculados al régimen jubilatorio. Señaló que hablar de jubilación implica referirse a proyectos de vida y a garantías protegidas por la legislación vigente.
En ese contexto, confirmó que los gremios trabajan en la elaboración de un borrador más amplio de propuesta, que incluirá datos sobre cantidad de magistrados por rango etario, promedios salariales y proyecciones de jubilación. Según explicó, el objetivo es presentar planteamientos sustentados en cifras concretas antes del plazo previsto para el tratamiento legislativo, que se extendería hasta el 25 de marzo.
El camarista también cuestionó los plazos inicialmente otorgados al sector para analizar la iniciativa legal. Recordó que, mientras los técnicos del Ejecutivo habrían trabajado durante seis meses en la redacción del proyecto, a los representantes judiciales se les concedieron pocos días para su estudio. A su criterio, una reforma de esta naturaleza requiere mayor participación de los aportantes en el diseño del régimen, considerando que el aporte del sector asciende al 16% del salario, mientras que la administración corresponde al Estado.
En relación con la situación financiera, Barboza afirmó que el régimen de magistrados presenta un déficit inferior al 1,5% y que, entre 2011 y 2023, se habría registrado un superávit acumulado aproximado de Gs. 400.000 millones, frente a un déficit cercano a Gs. 82.000 millones en los últimos años. En ese sentido, planteó la necesidad de aclarar el manejo de los recursos y de explicar por qué no se capitalizaron excedentes anteriores.
Respecto a las medidas a adoptar, informó que el martes se realizará una asamblea general que reunirá a asociaciones de magistrados, funcionarios judiciales, defensores públicos y eventualmente agentes fiscales. En ese ámbito se debatirá la posibilidad de un paro que podría abarcar a todo el componente judicial del país, incluyendo Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y Defensoría Pública.
Barboza aclaró que la propuesta de paro integral fue planteada durante la jornada, pero subrayó que cualquier decisión deberá adoptarse de manera colectiva. Añadió que el objetivo principal es abrir un canal de diálogo efectivo con el Ministerio de Economía, a fin de construir una reforma que contemple criterios técnicos y sociales, evitando conflictos mayores. Finalmente, insistió en que la ley previsional no puede ser tratada con la misma dinámica que otras normativas ordinarias, debido a su impacto estructural en el sistema judicial y en los derechos de sus integrantes.
