La juez Lici Sánchez remitió los antecedentes de la abogada Ruth Florentín al Consejo de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, ya que la misma presentó un documento no generado por la institución pública demandada en el marco de un juicio de amparo.
«El accionar de la profesional abogada al pretender una resolución judicial basada en un documento no generado por la institución pública y tal como lo denuncia la misma parte demandada, por una parte demuestra la mala fe de la profesional y por otra parte tratar de hacer incurrir en un grave error a esta Judicatura al otorgar validez jurídica a un documento no expedido en el marco de la presente garantía constitucional, este tipo de conducta debe ser investigado por los órganos de control del Poder Judicial», refiere la magistrada.
La magistrada fundamentó su decisión en la necesidad de agotar la vía administrativa antes de recurrir a la acción de amparo. En su argumentación, destacó que el proceso de amparo es un mecanismo excepcional y que no puede sustituir los procedimientos administrativos ordinarios.
Asimismo, la magistrada hizo énfasis en la conducta procesal de la abogada Florentín, calificándola de malintencionada. Se refirió a la utilización de un documento no expedido para este proceso judicial y a indicios suficientes de que este modus operandi podría haber sido utilizado en otros casos similares relacionados con la solicitud de medicamentos mediante acciones de amparo.
Por otro lado, se señala que la abogada Ruth Elizabeth Florentín Suárez actuó con mala fe al presentar un documento que no había sido generado por la institución pública correspondiente. Se menciona que este hecho pudo haber inducido a un error grave a la judicatura, lo que llevó a que se remitan los antecedentes al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para su investigación.
Asimismo, la magistrada enfatizó que este tipo de conductas deben ser investigadas por los órganos de control del Poder Judicial, considerando que afectan la transparencia y la legalidad de los procesos judiciales. El caso ahora queda en manos del Consejo de la Superintendencia, que deberá analizar la actuación de la abogada y determinar las sanciones que pudieran corresponder. que podría derivar en sanciones para la abogada Florentín, dependiendo de lo que determine la Corte Suprema de Justicia.
